La conectividad en la Casa Blanca ha experimentado una transformación significativa con la reciente instalación de Starlink, el servicio de internet satelital operado por SpaceX, propiedad de Elon Musk. Este despliegue se enmarca dentro de una iniciativa gubernamental más amplia para mejorar la infraestructura de redes Wi-Fi, coincidiendo con el rol de Musk como asesor no remunerado en la administración Trump.
Según la investigación publicada por The New York Times, el complejo de la Casa Blanca fue equipado con Starlink tras el inicio del segundo mandato del Presidente Trump. La implementación de esta tecnología, que recurre a una constelación de satélites en órbita baja terrestre, plantea interrogantes sobre la influencia del sector privado en las infraestructuras gubernamentales.
A diferencia de las instalaciones tradicionales que implican la colocación física de terminales Starlink, en este caso, el sistema se ha integrado a través de un centro de datos distante del recinto presidencial, utilizando cables de fibra óptica ya existentes. Esta configuración sugiere un enfoque discreto para la adopción de la tecnología, minimizando la visibilidad de los componentes de Starlink dentro de la Casa Blanca.
Desde la administración, se justifica la implementación de Starlink como una medida para optimizar la disponibilidad de internet en todo el complejo. Funcionarios han reconocido limitaciones en la cobertura de la red celular y una saturación de la infraestructura Wi-Fi preexistente, lo que impactaba la eficiencia de las comunicaciones internas.
La Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha declarado que el objetivo principal de la instalación es «mejorar la conectividad Wi-Fi en el complejo». Sin embargo, este despliegue presenta complejidades particulares debido a la posición de Elon Musk como asesor gubernamental y su control sobre Starlink, una compañía con intereses regulatorios y contractuales significativos frente al gobierno federal.
La situación plantea interrogantes éticas sobre posibles conflictos de interés, dada la doble función de Musk como asesor presidencial y líder de una empresa que se beneficia de contratos gubernamentales. Adicionalmente, se suma la controversia en torno a sus donaciones al partido Republicano, así como su rol de consejero económico durante la administración previa. El debate sobre la influencia del sector privado en la política gubernamental está lejos de resolverse.
