El Congreso de la República aprobó una controvertida reforma a la Ley de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), una medida que ha desatado el rechazo de diversas organizaciones de la sociedad civil, quienes advierten que representa una amenaza para la libertad de asociación y la lucha contra la corrupción. Con 82 votos a favor, el Parlamento dio luz verde a esta modificación, que ahora deberá ser revisada por el Ejecutivo para su promulgación o eventual observación.
Las críticas se centran en el hecho de que la reforma impone nuevas restricciones y sanciones a las organizaciones no gubernamentales (ONG), en particular aquellas que financien actividades que sean consideradas “atentatorias contra el orden público, la propiedad pública o privada, la seguridad ciudadana, la defensa nacional y el orden interno”. Para diversos colectivos de derechos humanos y organismos de cooperación internacional, esta redacción abre la puerta a interpretaciones arbitrarias y al silenciamiento de las voces independientes. Según Tomás Ezerskii para Infobae.
Organizaciones advierten sobre censura y obstaculización del trabajo social
Diversas entidades, como Amnistía Internacional, Aprodeh, Promsex y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), han manifestado su rechazo a la reforma, alertando sobre su impacto en áreas clave como educación, salud, equidad de género y acceso a la justicia.
La organización Promsex fue una de las primeras en pronunciarse, denunciando que la nueva ley “profundiza el retroceso democrático en el Perú”. En un comunicado, advirtieron que esta reforma “desvirtúa el rol de las ONG, genera burocracia innecesaria, aumenta el gasto estatal y afecta la cooperación internacional”.
Asimismo, enfatizaron que la norma no busca mayor transparencia, sino obstaculizar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. “Las ONG trabajan con transparencia y rendición de cuentas, principios que respaldamos con mecanismos claros. Esta ley tiene un objetivo político: perpetuar la impunidad y silenciar la defensa de los derechos humanos”, sostuvo la organización.
Amnistía Internacional: una ley que obstaculiza el acceso a la justicia
Por su parte, Amnistía Internacional mostró su preocupación ante la posibilidad de que el Estado peruano utilice esta reforma para restringir el trabajo de las ONG y limitar el acceso a la justicia de las víctimas de violaciones de derechos humanos.
“Con esta ley se obstaculiza el acceso a la justicia de las víctimas de la represión estatal, la contaminación ambiental o la violencia de género. En el pasado, estas personas han logrado justicia con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil”, afirmó Ana Piquer, directora de Amnistía Internacional para las Américas.
Uno de los puntos más polémicos de la norma es que considera “muy grave” que las ONG financien acciones judiciales contra el Estado, lo que según Amnistía podría desproteger a las víctimas de abusos y vulneraciones de derechos.
Aprodeh: “Es una ley contra las víctimas”
Desde la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) también han denunciado que la ley es un ataque directo contra las víctimas y contra las ONG que las representan en procesos judiciales.
“Esta es una ley anti-víctimas. Su objetivo es dejar a las víctimas sin representación legal, sancionando a las organizaciones que las hemos acompañado en procesos largos y complejos”, señaló Aprodeh en un comunicado.
Además, advirtieron que la norma “atenta contra el derecho a la defensa”, impidiendo que las víctimas de violaciones de derechos humanos lleven sus casos ante tribunales nacionales e internacionales. “Quieren impedir que los responsables de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas o masacres ocurridas durante este gobierno sean llevados ante la justicia”, agregaron.
Aprodeh también hizo un llamado a la ciudadanía y a la comunidad internacional para que se movilicen en defensa de las organizaciones afectadas. “¡No nos callarán! Seguiremos luchando por la justicia y la verdad, porque las víctimas no están solas”, concluyó la asociación.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos: “Grave retroceso democrático”
Desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), una de las principales plataformas de defensa de los derechos humanos en el país, también se pronunciaron en contra de la reforma, alertando que esta ley no busca promover la transparencia, sino controlar y censurar el trabajo de la sociedad civil.
“Esta norma representa un grave retroceso democrático. Se trata de un intento del Congreso por acallar las voces críticas que fiscalizan el accionar del Estado y defienden a los sectores más vulnerables”, denunció la CNDDHH.
La organización advirtió que, con esta reforma, el gobierno podrá perseguir y sancionar a ONG que trabajen en temas sensibles como la protección de la Amazonía, la equidad de género o la lucha contra la corrupción.
Además, señalaron que la nueva normativa limita la participación ciudadana y la posibilidad de informar sobre los vínculos de ciertos políticos con actividades ilícitas. “Se limita la posibilidad de promover el voto informado y de denunciar a candidatos vinculados a economías ilegales”, indicaron en su comunicado.
Posible veto presidencial y panorama futuro
Ahora que la reforma ha sido aprobada en el Congreso, la decisión final queda en manos del Ejecutivo. Diversos sectores han solicitado al presidente de la República que observe la ley y evite su promulgación, considerando que afecta el derecho a la asociación y vulnera principios democráticos fundamentales.
En caso de que el Ejecutivo no vete la norma, las ONG afectadas ya han adelantado que presentarán recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, argumentando que la ley contraviene principios esenciales de la democracia y los derechos humanos.
El debate sobre esta reforma ha generado un intenso rechazo a nivel nacional e internacional, con múltiples voces señalando que la norma no es un mecanismo para mejorar la transparencia, sino una herramienta de control y persecución contra las organizaciones que fiscalizan al Estado.
La pregunta que queda en el aire es: ¿se consolidará esta ley como un nuevo instrumento de censura o la sociedad civil logrará revertirla?
