El excongresista Daniel Salaverry fue condenado el miércoles 12 de marzo a ocho años de prisión efectiva por el delito de peculado doloso. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema lo halló culpable de apropiarse de fondos públicos destinados a la semana de representación, dinero que no devolvió pese a no haber realizado dichas actividades.
El fallo también impone a Salaverry una inhabilitación de cinco años para ejercer cargos públicos y el pago de una indemnización de S/ 119,577 al Estado, además de una multa de S/ 71,699. Aunque la sentencia ya fue dictada, su ejecución está suspendida hasta la audiencia programada para el 21 de marzo, donde se confirmará su aplicación.
Salaverry apela la sentencia y señala presiones políticas
El exparlamentario de Fuerza Popular calificó la condena como una “vergüenza y arbitrariedad” y anunció que presentará una apelación ante la Asamblea Permanente del Poder Judicial. Según él, los magistrados que lo sentenciaron eran jueces provisionales y no habrían participado en todas las etapas del juicio.
En particular, cuestionó a la jueza Norma Carbajal, quien leyó la sentencia. “Ella llegó al final del juicio, no estuvo cuando se presentaron testigos ni pruebas”, declaró Salaverry en RPP.
Además, vinculó su condena con una supuesta venganza política. Acusó a Keiko Fujimori de haberlo sentenciado porque “no se dejó manejar como un título” y señaló que César Acuña lo ve como una amenaza en La Libertad, ya que ha manifestado su intención de postular al Gobierno Regional.
Medidas de restricción hasta la audiencia final
Hasta que se realice la audiencia del 21 de marzo, Salaverry deberá cumplir con medidas de control judicial. Entre ellas:
- Presentarse mensualmente para un control biométrico.
- No abandonar su lugar de residencia sin autorización judicial.
- Acudir a todas las citaciones judiciales y fiscales.
Si incumple alguna de estas disposiciones, la suspensión de su condena podría ser revocada y sería enviada de inmediato a prisión.
