El Ministerio Público rechazó las acusaciones de haber filtrado información sobre el allanamiento a la vivienda de Juan José Santiváñez, ministro del Interior. Durante una conferencia de prensa del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción (Eficcop), los fiscales Víctor Cubas y Mirko Cano insinuaron que la filtración pudo provenir de los abogados defensores, quienes accedieron a los documentos del proceso.
El fiscal Mirko Cano, coordinador de fiscalías especializadas, fue tajante al señalar que el Ministerio Público no divulga información reservada y sugirió que la filtración ocurrió después de que ciertos abogados defensores recibieran copias de la documentación.
“Qué casualidad que al día siguiente de entregar copias a un abogado se produce la filtración. Ya sabemos quiénes lo hicieron. Es más fácil que la tabla del uno. El Ministerio Público no filtra información. Somos un organismo autónomo que defiende la legalidad y la reserva de la investigación”, declaró Cano.
Por su parte, el vocero del Ministerio Público, Víctor Cubas, respaldó esta versión y señaló que las denuncias en contra de la Fiscalía forman parte de una campaña para desacreditar la institución y justificar una posible intervención.
“La información permaneció bajo reserva en el despacho fiscal durante aproximadamente un mes. Luego, el defensor de un investigado solicitó copias de estas declaraciones y, al día siguiente de recibirlas, fueron publicadas por los medios de comunicación” , explicó Cubas.
Tensión entre la Fiscalía, el Congreso y el Gobierno
La Fiscalía también enfrenta ataques desde el Congreso y el Ejecutivo. Diversos parlamentarios han presentado denuncias constitucionales contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, acusándola de ignorar la Ley 32130, que otorga a la Policía Nacional el control de las investigaciones preliminares.
El legislador Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) afirmó que Espinoza y la Junta de Fiscales Supremos desobedecieron la norma. José Cueto y Alfredo Azurín apoyaron la denuncia, mientras que Renovación Popular presentó otra acusación, alegando irregularidades en el archivo de un caso contra el exfiscal Pablo Sánchez Velarde, lo que podría constituir cohecho y encubrimiento.
Desde el Ejecutivo, la presidenta Dina Boluarte adoptó un tono desafiante tras el allanamiento al ministro Santiváñez, acusando a la Fiscalía ya la prensa de orquestar un “golpe de Estado blando” contra su gobierno. Además, respaldó públicamente a Santiváñez y descartó su salida del cargo.
En paralelo, la congresista Susel Paredes sigue impulsando una moción de censura contra Santiváñez, esperando reunir las firmas necesarias para presentarla.
