Jorge Farid Gabino Gonzalez
La libertad de prensa, ese pilar esencial del derecho de la ciudadanía a informarse sin cortapisas, ha sido desde siempre una piedra en el zapato para la gran mayoría de gobernantes que, en su afán de perpetuarse en el poder o de evitar la fiscalización de sus actos, según sea el caso, y los hay para dar y tomar, buscan desacreditarla, hostigarla o someterla a presiones que, aunque no necesariamente visibles, resultan lo mismo asfixiantes. Es precisamente en dicho contexto que las declaraciones de la presidente Dina Boluarte, acusando a la prensa de jugar un papel en un supuesto golpe de Estado, descalificándola como “mala prensa” e insinuando que estaría ejecutando una forma de acoso político, se revelan como un ataque directo y descarado contra uno de los pocos contrapesos efectivos que todavía subsisten en nuestro precario escenario político, una posición que, si bien da la impresión de ser una simple reacción irreflexiva ante la presión mediática, en verdad parece responder a una estrategia mucho más amplia, una que no pocos dejan de reconocer, pues ya ha sido utilizada en el pasado por otros líderes con inclinaciones autoritarias, que no es otra que la de sugerir la idea de que el periodismo es, más que un ejercicio de escrutinio legítimo, una real amenaza para la estabilidad del país, hecho que, desde esa lógica, podría justificar futuras medidas restrictivas o represivas, siempre bajo el pretexto de preservar la democracia, una democracia que, paradojas de la vida, solo se puede sostener en la medida en que exista una prensa libre, una prensa sin ataduras.
No es ninguna casualidad que Dina Boluarte, en lugar de responder con argumentos sólidos a las múltiples denuncias de corrupción que vienen marcando su gestión hasta ahora mismo, busque direccionar la mirada de la población hacia una supuesta conspiración mediática en su contra, pues es consciente de que, en un país como el Perú, donde la desconfianza en las instituciones ha alcanzado niveles nunca antes vistos, es más cómodo desacreditar a los mensajeros que enfrentarse a la verdad de los hechos, lo que la ha llevado a urdir una narrativa en la que el problema no es la corrupción estructural ni la ineficacia del gobierno, sino el periodismo que se atreve a exponer estos males ante la opinión pública. Con lo cual, en la práctica, no solo busca desviar la atención de sus propias falencias, sino que encima establece un peligroso precedente para el futuro, ya que cuando un jefe de Estado declara abiertamente que el trabajo de los medios es una forma de “acoso”, lo que en realidad está haciendo, en última instancia, es otorgarse a sí mismo la potestad de decidir qué tipo de información es legítima y cuál no lo es, lo que más temprano que tarde podría derivar en medidas más agresivas contra la libertad de expresión.
Es imposible no advertir las similitudes entre esta estrategia y las utilizadas en otros regímenes en los que la prensa ha sido convertida en un enemigo del Estado, puesto que en todos los casos el proceso es casi el mismo: se comienza desacreditando a los periodistas, se sigue justificando su persecución bajo el argumento de que están actuando contra la estabilidad nacional, y, finalmente, se imponen restricciones más severas que acaban por anular su capacidad de fiscalización, un proceder que, aunque pueda adquirir distintos matices, siempre persigue la misma finalidad: garantizar que el poder se ejerza sin el escrutinio incómodo de una prensa independiente, algo que, en el caso de nuestro país, no solo resultaría devastador para la democracia, sino que también tendría repercusiones directas en la vida cotidiana de la gente, ya que sin un periodismo libre, no habría denuncias de corrupción, no habría cuestionamientos a la gestión pública y, en última instancia, no habría mecanismos efectivos para evitar que el Estado opere bajo un manto de total impunidad, lo que nos dejaría, no solo en una democracia debilitada, sino en algo mucho peor: un sistema en el que la información no sería más que un instrumento al servicio del poder, en el que la verdad quedaría relegada a un papel meramente ornamental, algo que se invocaría en los discursos oficiales, pero que en la práctica habría dejado de tener relevancia alguna.
De ahí que la reacción de la prensa frente al descarado ataque de la presidente Boluarte no solo debe ser de firme e irrestricto rechazo, sino también de una defensa aún más activa de su papel fiscalizador, puesto que ceder ante este tipo de agresiones solo contribuiría a legitimar la idea de que los medios de comunicación deben desempeñar un papel subordinado al gobierno, algo inaceptable en toda democracia que se precie de serlo. Por lo que hoy más que nunca el periodismo debe responder con una postura férrea ante los intentos de manipulación y censura, pues en un contexto en el que desde el poder se busca instalar la idea de que el periodismo es un actor desestabilizador, la única respuesta posible es reafirmar que la única desestabilización peligrosa es la que proviene de aquellos que, en su desesperación por evitar la rendición de cuentas, deciden emprender una cruzada contra la verdad.
