El Congreso ha postergado por más de un mes y medio el debate sobre la restitución de la detención preliminar en casos de no flagrancia, una medida clave para enfrentar la delincuencia organizada. A pesar de la insistencia de la congresista Ruth Luque en convocar un pleno extraordinario, solo 26 parlamentarios respaldaron la moción, quedando lejos de las 78 firmas necesarias para agilizar la discusión.
Las bancadas con más representantes en el Parlamento, Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso (APP) y Perú Libre, no apoyaron la iniciativa, lo que retrasó la aprobación de la norma. Este aplazamiento ocurre en un contexto de creciente inseguridad en el país. Según datos del Sistema de Información de Defunciones (Sinadef), en lo que va del 2025 se han registrado 346 homicidios, superando los 322 casos del mismo periodo del 2024, a pesar del estado de emergencia decretado por el ministro del Interior, Juan José Santiváñez.
Ruth Luque denunció esta falta de acción a través de sus redes sociales, señalando que “varias bancadas no han firmado el pedido para un pleno extraordinario que permita la restitución de la detención preliminar en casos de no flagrancia” , y acusó al gobierno de Dina Boluarte de actuar con intereses políticos al observar la norma.
Los 26 congresistas que sí firmaron
Entre los legisladores que apoyan la moción se encuentran miembros de las bancadas Bloque Democrático Popular, Renovación Popular, Juntos por el Perú, Honor y Democracia, Bancada Socialista, Avanza País, Podemos Perú, Somos Perú y algunos no agrupados.
Sin embargo, ningún congresista de Fuerza Popular, APP, Perú Libre ni Acción Popular expresó la solicitud, lo que ha sido visto como una muestra de desinterés por fortalecer la seguridad ciudadana.
Debate postergado hasta el 6 de marzo
El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana , anunció que el debate sobre la norma se llevará a cabo recién el jueves 6 de marzo , descartando la posibilidad de un pleno extraordinario.
“Desde la presidencia siempre hemos impulsado para que esto se corrija. Hemos realizado reuniones sobre seguridad ciudadana”, señaló Salhuana.
Sin embargo, la oposición lo acusa de dilatar el debate intencionalmente, exigiendo un mínimo de 78 firmas cuando era evidente que las bancadas mayoritarias no se sumarían.
Con el tiempo en contra y la inseguridad en aumento, la sesión del 6 de marzo será clave para definir si el Congreso finalmente toma medidas concretas para enfrentar el crimen organizado.
