La imposición de aranceles por parte del Presidente Trump a Canadá, México y China, a principios de enero, desató una ola de reacciones diplomáticas y comerciales. Trump argumentó que estos países debían intensificar sus esfuerzos para frenar el flujo de drogas y migrantes hacia Estados Unidos, una problemática que ha sido central en su agenda política desde su campaña presidencial. La administración Trump ya había utilizado aranceles en el pasado, particularmente en el sector del acero y el aluminio, justificándolos bajo la premisa de seguridad nacional, una estrategia que generó controversia a nivel global.
Según la investigación publicada por The New York Times, las autoridades canadienses y mexicanas respondieron rápidamente a las amenazas arancelarias, desplazándose a Washington con datos y presentaciones detallando sus iniciativas para reforzar la seguridad fronteriza.
Canadá, por ejemplo, designó un “zar del fentanilo” e inyectó nuevos recursos en la lucha contra el crimen organizado transnacional. Paralelamente, México movilizó tropas a la frontera sur y entregó a las autoridades estadounidenses a miembros de cárteles de la droga. Estas acciones lograron que el Presidente Trump suspendiera temporalmente, por un período de 30 días, la imposición de aranceles a sus vecinos norteamericanos. Este gesto político-económico buscaba, en principio, una mayor cooperación en materia de seguridad fronteriza y control de estupefacientes.
La situación con China, sin embargo, tomó un rumbo diferente. La administración Trump consideró que China no había realizado gestos similares ni había tomado medidas significativas para detener el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos. Como consecuencia, el 4 de febrero, Trump implementó un arancel del 10% sobre todas las importaciones provenientes de China. Posteriormente, el presidente anunció un incremento adicional del 10% a partir del 4 de marzo, lo que intensificó aún más la tensión comercial entre ambas potencias económicas.
La administración Trump ha buscado reconfigurar sustancialmente la relación comercial con China, mientras que el gobierno chino ha adoptado una postura más cautelosa y deliberada. Los líderes chinos están tratando de comprender las intenciones reales de Trump y determinar qué concesiones estaría dispuesto a exigir Estados Unidos. Algunos asesores de Trump, como el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el Secretario de Estado, Marco Rubio, han mantenido conversaciones con sus homólogos chinos. Sin embargo, hasta el momento, una llamada directa entre Trump y Xi Jinping, el líder chino, no se ha concretado.
Esta situación refleja el desafío que enfrentan los líderes extranjeros al lidiar con un presidente tan impredecible y poco convencional como Trump, cuyas decisiones en materia de comercio internacional se caracterizan por la falta de aviso previo y la escasa preparación. Funcionarios, académicos y asesores cercanos al gobierno chino han estado llevando a cabo conversaciones discretas para tratar de descifrar los motivos de Trump, mientras exploran diferentes aspectos de un posible acuerdo comercial con Estados Unidos para calibrar la reacción de la administración estadounidense. Los negociadores chinos, sin embargo, se muestran reacios a tomar la iniciativa en el diálogo para evitar dar la impresión de estar suplicando, y prefieren no ofrecer concesiones hasta tener una comprensión clara de los parámetros de la negociación.
