El congresista no agrupado Carlos Anderson ha lanzado una grave denuncia que vuelve a poner en el ojo de la tormenta al Parlamento peruano. Según el legislador, en el Congreso existirían 4.500 “trabajadores fantasmas”, es decir, personas que figuran en la planilla estatal pero que no cumplen funciones reales.
“Pónganlos a todos en la Plaza Bolívar y pasemos lista a ver si los reconocemos. No hay forma de que los 4.500 estén por ahí realmente, no existen”, expresó en una entrevista con Canal N.
Ante esta situación, Anderson ha solicitado una auditoría urgente para revisar los gastos y la contratación de personal dentro del Legislativo, además de cuestionar el papel de la Contraloría en la supervisión de estos casos. Según Luis Paucar para Infobae.
Congreso con presupuesto millonario y sin control
El Parlamento ha venido aumentando su presupuesto en los últimos años de manera significativa. En noviembre pasado, la Mesa Directiva aprobó un presupuesto récord para el año fiscal 2025 de S/1.412 millones, lo que representa un incremento considerable respecto a los S/1.084 millones asignados en 2024.
De este monto, más de S/832 millones fueron destinados al pago de personal y obligaciones sociales, lo que ha generado críticas sobre la creciente burocracia dentro del Congreso.
“No hay ninguna fiscalización en el Congreso, es un imperio en sí mismo. Si no, ¿cómo explicas tú que haya ido de 641 millones de soles a casi 1.500 millones de soles sin que haya cambiado nada?”, cuestionó Anderson.
“Cultura de los ‘ñoquis’ en el Estado peruano”
El legislador también amplió su crítica al sector público en general, sugiriendo que el problema de los “trabajadores fantasmas” no es exclusivo del Congreso, sino que afecta a toda la administración estatal.
“En el Estado peruano hay un millón y medio de trabajadores, y me pregunto: ¿quién está haciendo auditorías para ver si realmente aquí no hemos desarrollado una cultura de los ‘ñoquis’ como en Argentina?”, afirmó.
El término “ñoquis” ha sido utilizado por el presidente argentino Javier Milei para referirse a empleados públicos que cobran un sueldo sin realizar funciones reales, presentándose solo al final del mes para firmar la planilla.
Críticas a la Contraloría
Anderson también apuntó contra la Contraloría General de la República, calificándola de ineficaz y señalando a su ex titular, Nelson Shack, de haber utilizado su cargo para expandir la burocracia sin combatir la corrupción.
“La Contraloría está pintada, es una veeduría del crimen y la corrupción. Él mismo contrató a 4.000 personas, más o menos, en la Contraloría. ¿Acaso ha disminuido la corrupción en el Congreso? Para nada”, enfatizó.
Según el congresista, la falta de control dentro del Legislativo ha permitido la existencia de redes de corrupción y malversación de fondos sin que haya consecuencias reales para los responsables.
Congreso con 88% de desaprobación
El descontento ciudadano con el Congreso es evidente. De acuerdo con la última encuesta de Ipsos, el 88% de los peruanos desaprueba la gestión del Parlamento, consolidándolo como una de las instituciones con menor respaldo en el país.
El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, ha visto aumentar su desaprobación, pasando del 71% en diciembre al 78% en enero, mientras que su aprobación se mantiene en un 7%.
Por otro lado, la presidenta Dina Boluarte enfrenta un 92% de desaprobación, con apenas un 5% de apoyo ciudadano, lo que refleja la profunda crisis de representación política en el país.
Pedido de auditoría y consecuencias políticas
La denuncia de Anderson reaviva el debate sobre la necesidad de mayor transparencia en el Congreso y en el sector público en general. Su pedido de auditoría podría abrir nuevas investigaciones y generar presión sobre la Contraloría para fiscalizar con mayor rigurosidad el uso de los recursos estatales.
Sin embargo, hasta el momento, ninguna autoridad ha respondido oficialmente a estas acusaciones, lo que incrementa el escepticismo sobre una posible reforma del sistema de contrataciones en el Congreso.
En un país donde la corrupción es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, esta denuncia pone nuevamente sobre la mesa el debate sobre la eficiencia del gasto público y la responsabilidad de los funcionarios en la administración de los recursos estatales.
