5000 familias en incertidumbre exigen solución ante la crisis de vivienda en Huánuco
En el distrito de Amarilis, en el poblado de La Esperanza, sector La Pedroza, se desarrolla un conflicto por la propiedad de 72 hectáreas de terrenos que, de acuerdo con documentación oficial, pertenecen a la Comunidad Campesina de Yurajhuanca. Sin embargo, en esta zona, durante los últimos años, se estableció la Comunidad Campesina Hatun Rumi, la cual busca llegar a un acuerdo para regularizar su presencia en el territorio.
Según declaraciones de Ronald Laureano Capcha, vicepresidente de la Comunidad Campesina Hatun Rumi, su organización fue creada dentro de una parte de lo que hoy es La Pedroza, donde actualmente residen más de 12,000 personas distribuidas en aproximadamente 5,000 lotes. Estas familias temen ser desalojadas y han solicitado un diálogo con la Comunidad Campesina de Yurajhuanca para negociar la compra de los terrenos.
Las tensiones en la zona han ido en aumento, mientras que autoridades como la Gerencia de Conflicto Social y la Dirección Regional de Agricultura han intervenido en el caso para mediar entre las partes. Hasta el momento, no se ha llegado a un acuerdo definitivo, y el futuro de estas familias sigue en incertidumbre.
Antecedentes
Según información recopilada por este medio, la Comunidad Campesina de Yurajhuanca habría recibido estos terrenos como parte de la Reforma Agraria, bajo el compromiso de pagar por ellos en 20 anualidades. No obstante, solo se abonaron dos pagos y las 18 anualidades restantes fueron condonadas por el Estado, lo que les permitió obtener la titularidad de los terrenos sin haber completado el pago original.
No obstante, de acuerdo con lo manifestado por dirigentes de la Comunidad Campesina Hatun Rumi, estas tierras permanecieron en abandono durante años, sin actividad productiva o agrícola, lo que llevó a la ocupación progresiva de familias que han formado comunidades organizadas dentro de La Pedroza.
El abogado Ángel Lazo Flores, quien representa a los dirigentes de Hatun Rumi, ha señalado que este conflicto trasciende lo legal y se convierte en un problema social de gran magnitud. Según Lazo, la ley que regula a las comunidades campesinas no establece que estas puedan lucrar con terrenos adjudicados por el Estado, sino que deben utilizarlos para el desarrollo agrícola y comunal.
Desde el año 2020, los representantes de la Comunidad Campesina Hatun Rumi aseguran haber enviado solicitudes formales a Yurajhuanca para negociar la compra de los terrenos, sin recibir respuesta hasta la fecha.
Riesgo de un desalojo
Los pobladores que conforman los 14 sectores de la Comunidad Campesina Hatun Rumi han expresado su disposición de comprar los terrenos a un precio justo y fraccionado. Según Ronald Laureano Capcha, las familias no buscan apropiarse de la tierra sin compensación, sino garantizar su seguridad jurídica y evitar posibles desalojos.
“Nosotros estamos dispuestos a pagar un precio razonable. Sabemos que estas tierras fueron cedidas a Yurajhuanca bajo ciertas condiciones y que gran parte de su deuda fue condonada. Por ello, creemos que es justo sentarnos a negociar”, manifestó Laureano en entrevista con este medio.
El abogado Ángel Lazo también explicó que, a pesar de que existe una sentencia judicial que reconoce la propiedad de Yurajhuanca, el Código Civil permite que las partes lleguen a acuerdos privados para solucionar este tipo de disputas.
Por otro lado, algunas familias temen que, si no se llega a una negociación, las autoridades puedan proceder con un desalojo forzoso, lo que generaría una crisis humanitaria en la zona.
Intervención del Estado y posible expropiación de los terrenos
Dado que el conflicto afecta a miles de personas, entidades como la Gerencia de Conflicto Social y la Dirección Regional de Agricultura han intervenido en las conversaciones. Según declaraciones de algunos dirigentes de Hatun Rumi, estas instituciones han mostrado disposición para actuar como veedores en la negociación entre ambas comunidades.
Además, en el Congreso de la República se encuentra en debate un proyecto de ley que plantea la expropiación de los terrenos en favor de las familias que habitan La Pedroza. De aprobarse, el Estado asumiría el control de las 72 hectáreas y podría entregarlas a los actuales ocupantes como parte de una política de vivienda social.
El abogado Ángel Lazo ha advertido que esta medida podría perjudicar a la Comunidad Campesina de Yurajhuanca, ya que en caso de expropiación no recibirían compensación económica por las tierras. “Por eso creemos que lo más sensato es llegar a un acuerdo antes de que el Congreso tome una decisión que afecte a todos”, señaló.
Hasta el momento, no se ha fijado una fecha para la instalación de la mesa de diálogo, y el conflicto sigue sin resolverse.
