La Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ha solicitado impedimento de salida del país por nueve meses contra el exministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, quien es investigado por presuntas irregularidades en el programa Qali Warma. La solicitud fue presentada ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria y será evaluada en una audiencia programada para el 4 de marzo.
Demartini, además de estar bajo investigación, ha sido mencionado como posible candidato a la Embajada del Perú en el Vaticano, lo que ha generado controversia en diversos sectores políticos y sociales. “Yo no veo ningún impedimento legal para que pueda ser nombrado”, declaró recientemente el canciller Elmer Schialer, quien destacó la competencia del exministro. Según Luis Paucar para Infobae.
Investigación y presuntos delitos
La investigación contra Demartini surge a raíz de una presunta omisión de funciones durante su gestión en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), específicamente por no supervisar adecuadamente las adquisiciones de Qali Warma. Esta falta de control habría permitido el suministro de carne de caballo en lugar de carne de res, así como conservas de pollo con hongos y en mal estado.
El caso no solo involucra a Demartini. También es investigado el actual portavoz presidencial, Freddy Hinojosa, quien ya enfrenta una restricción similar de seis meses de impedimento de salida del país.
El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, defendió al exministro, asegurando que fue un “trabajador leal” que renunció a su cargo para evitar conflictos dentro del Gobierno. “Yo destaco este hecho por sobre cualquier otro, porque muestra un desprendimiento de su parte frente a lo que podía ser una situación generadora de problemas en el gobierno de la presidenta Boluarte”, afirmó.
Nombramiento como embajador y rechazo político
La posibilidad de que Demartini sea designado embajador del Perú ante la Santa Sede ha provocado críticas en el Congreso. El legislador fujimorista Alejandro Aguinaga rechazó la idea y la comparó con una ofensa a la Iglesia Católica. “Eso es una barbaridad. Siendo el Vaticano tan sensible y existiendo acusaciones de corrupción, no puedes enviarle esa hostia envenenada a la Iglesia”, declaró.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, expresó su preocupación sobre el posible nombramiento y lo calificó como una estrategia para entorpecer la investigación. “Es fundamental garantizar que la investigación continúe sin interferencias. No podemos permitir que este nombramiento se convierta en una maniobra política para eludir la justicia”, advirtió.
El cargo de embajador otorga inmunidad diplomática, lo que dificultaría la recopilación de pruebas y el desarrollo de las diligencias fiscales. Por ello, algunos congresistas han pedido que el Ejecutivo reconsidere esta designación.
La defensa de Demartini
El abogado de Julio Demartini, Fernando Silva, confirmó que su cliente ya ha sido notificado sobre el pedido de impedimento de salida, aunque cuestionó la decisión fiscal, argumentando que la investigación “no tiene ni 30 días de iniciada” y que no se han presentado pruebas concluyentes.
“Esta es una investigación bastante temprana, no tiene acervo probatorio importante que acredite la supuesta participación del señor en una actividad criminal”, declaró en una entrevista con Canal N.
Sobre la posibilidad de que su cliente sea nombrado embajador, Silva indicó que no debería generar sospechas. “Cada persona tiene derecho a aceptar un cargo público si se lo proponen. El señor ministro aún no ha sido designado y eso no le genera posibilidad de fuga”, sostuvo.
Asimismo, aseguró que Demartini se encuentra en Lima y que no tiene intención de eludir el proceso. “Nos defenderemos del requerimiento fiscal y demostraremos que no hay fundamentos para esta medida restrictiva”, concluyó.
El impacto de la crisis en Qali Warma
El escándalo en Qali Warma ha puesto en duda la eficiencia de los controles estatales en la compra de productos para la alimentación escolar. Las denuncias sobre productos en mal estado y carne adulterada han generado preocupación en la población y han sido utilizadas por sectores políticos para cuestionar la gestión del Gobierno.
Según informes de la prensa, la entrega de alimentos contaminados no fue un caso aislado. Se han reportado incidentes similares en diferentes regiones del país, lo que sugiere un déficit estructural en los mecanismos de control de los programas sociales.
El Ministerio Público ha señalado que la investigación contra Demartini podría ampliarse si se encuentran nuevas pruebas que indiquen una posible red de corrupción en la gestión de recursos públicos.
Próximos pasos en la investigación
El 4 de marzo, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria evaluará la solicitud de impedimento de salida. Si el requerimiento es aprobado, Demartini no podrá abandonar el país durante nueve meses, tiempo en el que se espera avanzar en las indagaciones y determinar si existen elementos suficientes para formular una denuncia formal en su contra.
En caso contrario, el exministro podría quedar en libertad de movimientos, lo que aumentaría la incertidumbre sobre su posible designación diplomática.
El Ministerio Público ha reiterado que esta investigación no tiene motivaciones políticas, sino que responde a indicios claros de irregularidades en la administración de Qali Warma. “Nuestro deber es garantizar que los responsables de cualquier acto de corrupción sean debidamente investigados y, de ser el caso, sancionados conforme a la ley”, indicó un vocero de la Fiscalía.
Mientras tanto, el Ejecutivo se encuentra en una encrucijada: continuar con la postulación de Demartini como embajador a pesar del rechazo político o reconsiderar la decisión ante el peso de la investigación en su contra.
El caso sigue en desarrollo y podría tener repercusiones en el ámbito diplomático, especialmente en la relación del Perú con la Santa Sede, si la propuesta sigue adelante en medio de las acusaciones de corrupción.
