La tragedia ocurrida en el centro comercial Real Plaza de Trujillo ha escalado a instancias legales. El alcalde de la ciudad, Mario Reyna Rodríguez, ha presentado formalmente una denuncia penal contra los directivos del establecimiento, marcando un punto de inflexión en la búsqueda de responsabilidades por el derrumbe que cobró la vida de seis personas y dejó un saldo de más de 70 heridos. Este hecho se produce en un contexto de creciente preocupación por la seguridad de las infraestructuras comerciales en la región, donde los controles técnicos y las supervisiones parecen ser insuficientes.
Según la investigación publicada por El Comercio, la denuncia del alcalde se formalizó en horas de la tarde, intensificando la presión sobre la administración del centro comercial y abriendo un nuevo frente en la gestión de esta crisis.
La decisión del burgomaestre responde a la magnitud del desastre y la necesidad de esclarecer las causas que llevaron al colapso del techo en una de las zonas del centro comercial. Se espera que la denuncia penal impulse una investigación exhaustiva que determine si hubo negligencia por parte de los directivos en el mantenimiento de la infraestructura o en el cumplimiento de las normas de seguridad. La Fiscalía ahora deberá evaluar las pruebas y determinar si existen fundamentos para iniciar un proceso judicial.
Este incidente ha generado consternación en la comunidad trujillana y ha puesto en tela de juicio los protocolos de seguridad de los centros comerciales en la ciudad. La magnitud de la tragedia ha despertado un debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y control, así como la importancia de que las empresas inviertan en el mantenimiento preventivo de sus instalaciones para evitar este tipo de sucesos.
Además de la denuncia penal, se espera que las autoridades competentes realicen una inspección exhaustiva del resto del centro comercial para evaluar su estado y garantizar la seguridad de los usuarios. La clausura temporal de las áreas afectadas es una medida necesaria para llevar a cabo las investigaciones pertinentes y evitar nuevos riesgos.
Las familias de las víctimas y los heridos esperan que la justicia actúe con celeridad y transparencia, y que los responsables sean identificados y sancionados. La denuncia del alcalde es un paso importante en ese sentido, pero aún queda un largo camino por recorrer para esclarecer los hechos y garantizar que este tipo de tragedias no se repitan. La sociedad exige respuestas y medidas concretas para proteger la vida y la integridad de los ciudadanos.
