La tragedia en la Real Plaza de Trujillo, que dejó ocho muertos y más de 70 heridos, ha puesto en el centro de la polémica la Ley N° 31914, promulgada en octubre de 2023. Esta normativa limita la capacidad de las municipalidades para mantener clausurados los centros comerciales.
La ley establece que, si un establecimiento representa un riesgo inminente para la vida, salud o seguridad de las personas, puede estar cerrado. Sin embargo, también obliga a las municipalidades a levantar la clausura en un máximo de 48 horas si el negocio presenta la documentación correspondiente. Además, si la municipalidad no emite una respuesta en ese plazo, la clausura queda sin efecto automáticamente.
La norma fue impulsada por Fuerza Popular mediante el Proyecto de Ley N° 4952 y aprobada con 85 votos a favor y 19 en contra en el Congreso. La iniciativa contó con el respaldo de bancadas como Renovación Popular, Avanza País, Perú Libre y Podemos Perú.
Clausura previa y cuestionamientos
En diciembre de 2023, el entonces alcalde de Trujillo, Arturo Fernández, clausuró la Real Plaza tras el asesinato de Hugo Chávez Loyola, alias “Virolo”, dentro del centro comercial. La medida fue duramente criticada, entre otros, por el congresista Alejandro Cavero, quien recordó que la nueva ley prohíbe el cierre arbitrario de negocios.
Tras la tragedia del 21 de febrero, Cavero defendió la norma, argumentando que su objetivo era proteger a empresarios y evitar clausuras injustificadas. No obstante, el debate ha resurgido sobre si esta regulación limitó las acciones de la municipalidad para garantizar la seguridad en el centro comercial antes del incidente.
Con las investigaciones en curso, el Congreso podría evaluar ajustes en la ley para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir, garantizando que la seguridad de los ciudadanos no se vea comprometida por normas que faciliten la reapertura de locales con riesgos potenciales.
