El Comité de los Derechos del Niño de la ONU ha solicitado al Estado peruano no reducir la edad de responsabilidad penal para adolescentes de 16 y 17 años en delitos graves. Esta medida, impulsada por varios congresistas y respaldada por el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ha generado un amplio debate en el país.
Críticas a la reducción de la edad penal
El Comité de la ONU enfatizó que no hay evidencia de que encarcelar a menores en prisiones de adultos reduzca la criminalidad. Por el contrario, los estudios muestran que esto agrava la violencia, ya que las cárceles terminan convirtiéndose en centros de formación del crimen organizado.
“Los países que redujeron la edad penal no lograron reducir la criminalidad. Por el contrario, la violencia aumentó y las cárceles solo fortalecieron el crimen”, afirmó Luis Pedernera, vicepresidente del Comité.
Por ello, la ONU instó al Perú a fortalecer la justicia juvenil, con tribunales especializados y programas de reinserción social en lugar de aumentar el encarcelamiento.
Postura del ministro del Interior
El ministro Juan José Santiváñez respalda la propuesta de procesar a los adolescentes de 16 y 17 años como adultos en delitos como sicariato, extorsión y homicidio. Argumenta que estos jóvenes tienen capacidad de discernimiento y que su participación en el crimen organizado ha crecido.
Sin embargo, Pedernera advirtió que el costo de encarcelar a un menor es de 2,000 dólares, con una tasa de reincidencia del 70%, mientras que los programas de rehabilitación solo cuestan 500 dólares y reducen la reincidencia al 20%.
Posturas en contra de la reducción de la edad penal
- Defensoría del Pueblo: Sostiene que violas tratados internacionales y carece de fundamentos sólidos.
- Poder Judicial: Su presidenta, Janet Tello, aclaró que los adolescentes infractores ya enfrentan sanciones en el sistema penal juvenil, con penas de hasta 10 años en casos de delitos graves.
- Unicef: Advierte que la medida solo generará una falsa sensación de seguridad, negando oportunidades de reinserción social.
El debate sigue abierto entre quienes ven esta medida como una solución a la delincuencia juvenil y quienes la consideran una violación de derechos fundamentales.
