El Poder Judicial se ha sumado a las advertencias del Ministerio Público sobre los riesgos que supone el proyecto de ley aprobado en primera votación en el Congreso, el cual propone modificar la normativa sobre extinción de dominio. Esta medida podría debilitar la capacidad del Estado para recuperar bienes obtenidos ilícitamente, afectando la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.
A través de un oficio enviado al Parlamento, el Poder Judicial señaló que la propuesta legislativa desvirtúa la figura de la extinción de dominio y podría colocar al Perú en una situación de incumplimiento de acuerdos internacionales en materia de lucha contra delitos financieros. Según David Solar Silva para Infobae.
“Resulta cuestionable el plazo propuesto, que es excesivamente corto para lograr algún resultado”, advierte el documento remitido por la institución.
¿En qué consiste la reforma aprobada en primera votación?
El Proyecto de Ley N.º 3577/2022-CR, aprobado en primera votación en el Congreso, plantea reducir el plazo de acción para la extinción de dominio a solo cinco años. Es decir, el Estado solo tendría un límite de cinco años para identificar y recuperar bienes adquiridos ilegalmente.
El Poder Judicial considera que esta modificación afectaría gravemente la efectividad del proceso, ya que los bienes de origen ilícito suelen estar ocultos en redes complejas de crimen organizado y requieren investigaciones de largo plazo.
Entre los delitos más afectados por esta reforma estarían:
- Narcotráfico
- Lavado de activos
- Minería ilegal
- Trata de personas
Posibles consecuencias para el país
En su pronunciamiento, el Poder Judicial también alertó que si esta reforma es ratificada en segunda votación, el Perú podría incumplir compromisos internacionales clave, como:
- La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.
- Las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), organismo que combate el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
La institución advirtió que el Perú ha alcanzado estándares mínimos de eficiencia en la lucha contra estos delitos, lo que ha permitido que el país sea considerado seguro y confiable para la inversión privada e internacional.
Sin embargo, de aprobarse esta reforma, el país podría perder credibilidad, afectando su posición en el comercio internacional y reduciendo la confianza de inversionistas extranjeros.
El impacto de la extinción de dominio en los últimos años
Desde su implementación, el Subsistema Nacional de Extinción de Dominio ha logrado recuperar aproximadamente 160 millones de dólares en bienes de origen ilícito.
Solo en 2023, se incautaron más de 71 millones de dólares en inmuebles, dinero en efectivo y otros activos vinculados a delitos graves.
Además, en el mismo período, el Poder Judicial dictó 2,500 sentencias en primera y segunda instancia dentro de este sistema.
Estos resultados evidencian la importancia de la extinción de dominio como herramienta para combatir el crimen organizado. Sin embargo, con la reforma planteada, su efectividad se vería gravemente comprometida.
Ministerio Público se pronuncia contra la reforma
La Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, también se pronunció en contra de este proyecto el pasado 18 de febrero, alertando sobre las graves amenazas que enfrenta la lucha contra la corrupción y la delincuencia en el país.
“Este proyecto de ley pone en peligro las investigaciones sobre corrupción, lavado de activos y crimen organizado”, expresó Espinoza en su intervención.
Según la fiscal, la Ley de Extinción de Dominio ha permitido recuperar más de 560 millones de soles en bienes y dinero.
Entre las principales modificaciones propuestas por el Congreso, Espinoza señaló los siguientes puntos críticos:
- Excluir de la ley los bienes relacionados con delitos de corrupción, lavado de activos y crimen organizado.
- Exigir una sentencia firme para incautar bienes, lo que facilitaría el ocultamiento de activos ilícitos.
- Limitar las investigaciones a un plazo de cinco años, permitiendo que los delincuentes conserven bienes adquiridos ilegalmente.
Espinoza calificó estas medidas como un retroceso en la lucha contra la corrupción, ya que impedirían que el Estado recupere bienes obtenidos mediante delitos graves.
Críticas desde la sociedad civil y expertos en justicia
Diversos especialistas en derecho penal han manifestado su preocupación por las modificaciones impulsadas en el Congreso.
El abogado penalista José Ugaz, expresidente de Transparencia Internacional, advirtió que la reforma favorecería a redes criminales y empresarios corruptos.
“Reducir el tiempo de acción del Estado para recuperar bienes ilícitos es un golpe directo a la lucha contra la corrupción y el lavado de activos. Es una medida que beneficia a quienes buscan impunidad”, sostuvo Ugaz.
Por otro lado, Glatzer Tuesta, director de IDL-Reporteros, consideró que la aprobación de esta norma responde a intereses particulares de ciertos sectores políticos.
“No es coincidencia que esta reforma se impulse en un contexto donde hay investigaciones en curso contra figuras políticas y empresariales”, señaló.
El Congreso y la posible segunda votación
Para que esta reforma sea aprobada de manera definitiva, debe ser ratificada en una segunda votación en el Pleno del Congreso.
Sin embargo, ante la creciente presión del Poder Judicial, el Ministerio Público y diversas organizaciones, algunos congresistas han comenzado a evaluar modificaciones en la propuesta.
Se espera que en las próximas semanas se reabra el debate sobre la reforma, aunque existe la posibilidad de que el Congreso mantenga su postura inicial y ratifique la norma sin cambios.
Conclusión
El proyecto de ley aprobado en primera votación en el Congreso representa un grave riesgo para la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en el Perú.
El Poder Judicial y el Ministerio Público han alertado que esta reforma podría limitar las investigaciones, favorecer la impunidad y colocar al país en una posición vulnerable ante la comunidad internacional.
A medida que se acerca la segunda votación en el Congreso, la presión desde diversos sectores sigue aumentando, con el objetivo de evitar que se apruebe una norma que podría afectar la capacidad del Estado para recuperar bienes ilícitos y desmantelar redes de corrupción.
El debate continúa abierto, y el desenlace de esta reforma será clave para definir el futuro de la lucha contra la corrupción en el Perú.
