El Congreso de la República avanza en su intento de modificar la Ley de Extinción de Dominio, una decisión que ha generado el rechazo del Ejecutivo, el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación. Diversas entidades advierten que, de aprobarse los cambios, no solo se beneficiarían organizaciones criminales, sino que más de 5 mil procesos en curso quedarían impunes.
El juez supremo Manuel Luján Túpez, coordinador del Subsistema de Extinción de Dominio, alertó que la modificación de la ley haría que los bienes obtenidos ilegalmente puedan solo ser confiscados tras una sentencia firme, lo que ralentizaría los procesos y permitiría que muchos delitos prescriban, impidiendo la recuperación de activos ilícitos.
El Ejecutivo rechaza la propuesta
El ministro de Justicia, Eduardo Arana, reafirmó que la posición del Ejecutivo es mantener la ley tal como está, pues ha sido una herramienta clave en la lucha contra la corrupción, el narcotráfico, el lavado de activos, la minería ilegal y la trata de personas. Además, el presidente del consejo de ministros, Gustavo Adrianzén, respaldó esta postura y enfatizó que el actual modelo procesal ha sido efectivo para golpear el crimen organizado.
Desde su implementación, esta normativa ha permitido recuperar cerca de 160 millones de dólares, incluyendo 100 kilos de lingotes de oro. Según el magistrado Luján Túpez, la ley ataca directamente las finanzas de los delincuentes, afectando su capacidad operativa.
Riesgos internacionales y sanciones económicas
La posible modificación de la norma también tendría repercusiones a nivel global. El Poder Judicial ha anunciado al Congreso que el Perú incumpliría acuerdos internacionales como los convenios de Viena, Palermo y Mérida, fundamentales en la lucha contra el crimen organizado.
Además, el país podría ser incluido en la lista negra del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), lo que afectaría la confianza de los inversionistas y generaría un impacto económico negativo. “Seríamos considerados un país de riesgo, como Venezuela o Tanzania”, advirtió Luján Túpez.
A pesar de estas advertencias, el Congreso ha aprobado la iniciativa en primera votación, lo que ha intensificado el debate sobre las consecuencias que esta modificación podría traer para la seguridad y estabilidad del país.
