El panorama empresarial español se encuentra en un momento de tensión interna, especialmente en lo que respecta a la representación de las pequeñas y medianas empresas. La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), integrada dentro de la CEOE, está experimentando una reconfiguración interna de cara a sus próximas elecciones presidenciales, previstas para antes del verano. Este proceso eleccionario se ha visto afectado por la reciente modificación del reglamento interno, un movimiento que elimina la posibilidad del voto delegado. Este cambio normativo, según fuentes internas, busca garantizar una mayor transparencia y equidad en el proceso de elección, evitando posibles influencias externas. El debate sobre la gobernanza dentro de las organizaciones empresariales ha cobrado especial relevancia en los últimos años, impulsado por la necesidad de adaptarse a un entorno económico globalizado y competitivo.
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Según el reportaje de El País, la actual dirección de Cepyme ha tomado una decisión estratégica al modificar su reglamento interno, eliminando el voto delegado en las próximas elecciones a la presidencia.
La decisión se tomó en una junta directiva donde reinó el caos, según lo trascendido, marcada por acusaciones de boicot e irregularidades. El actual presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, quien busca la reelección, mantiene una clara confrontación con el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. La disputa se centra en la visión de Garamendi de una relación “más jerárquica y vertical” entre ambas organizaciones, algo que difiere de la postura de Cuerva, quien aboga por una mayor autonomía para Cepyme. Este enfrentamiento se hizo público tras una reunión en enero, donde Garamendi expresó su intención de proponer un candidato alternativo a Cuerva, ofreciéndole a éste último la gestión de la división de internacional de CEOE, propuesta que fue rechazada.
Los detractores de Cuerva sostienen que la votación final de la junta directiva podría ser invalidada, argumentando que la propuesta de modificación del reglamento no fue aprobada inicialmente por el Comité Ejecutivo de Cepyme. Según el artículo 57 de los estatutos, las modificaciones del reglamento requieren la aprobación previa del Comité Ejecutivo, donde la propuesta fue rechazada por 15 votos frente a 11. Sin embargo, desde Cepyme defienden la validez de la votación, argumentando que la consulta al Comité no era preceptiva y que Cuerva advirtió de que la propuesta se llevaría a la junta independientemente del resultado en el Comité. Pese a ello, se espera que los miembros del Comité que votaron en contra impugnen la votación. Este “choque de trenes” entre Cuerva y Garamendi ha puesto de manifiesto las diferentes visiones sobre el papel de Cepyme dentro de la estructura de la CEOE, generando incertidumbre sobre el futuro liderazgo de la patronal de las pymes.
La controversia en torno al voto delegado radica en la preocupación de que su utilización pueda ser objeto de presiones para influir en el resultado de las elecciones. Un informe jurídico presentado por Cepyme argumenta que la inexistencia de límites en el número de votos que pueden delegarse podría vulnerar los principios democráticos. En contraste, tanto CEOE como ATA (Asociación de Trabajadores Autónomos) establecen en sus normas electorales que el voto debe ser personal y presencial. En este contexto, la modificación del reglamento interno de Cepyme busca alinear su normativa con la de otras organizaciones empresariales hermanas, limitando la delegación de voto. El resultado de esta batalla interna tendrá importantes implicaciones para la representación de las pymes en España y la relación entre Cepyme y CEOE. La patronal de las pequeñas y medianas empresas agrupa a más de 1,4 millones de empresas que dan empleo a más de 14 millones de personas y representan más de la mitad del PIB español. La decisión final sobre la presidencia de Cepyme impactará en la agenda económica y política del país en los próximos años.
