La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, emitió un pronunciamiento urgente este martes 18 de febrero, en el que alertó a la ciudadanía sobre los graves riesgos que enfrenta la lucha contra la corrupción y la delincuencia en el país. En su mensaje, la titular del Ministerio Público apuntó directamente al Congreso de la República, al que acusó de obstaculizar el trabajo de la Fiscalía con propuestas legislativas que, según ella, buscan debilitar la capacidad del Estado para perseguir el delito. Según David Solar Silva para Infobae.
Un intento de retroceso en la lucha contra el crimen
Durante su declaración, Espinoza expresó su preocupación por un proyecto de ley en el Congreso que, de ser aprobado, supondría un retroceso significativo en las investigaciones que lidera el Ministerio Público contra la corrupción y el crimen organizado.
“En el Congreso se quiere aprobar un proyecto de ley que apunta a que retrocedamos en nuestra misión de investigar y perseguir el delito. Quieren limitar la ley de extinción de dominio”, advirtió la fiscal.
La titular del Ministerio Público enfatizó que este tipo de modificaciones ponen en riesgo la capacidad del Estado para recuperar bienes obtenidos ilegalmente y desarticular estructuras criminales.
“Así como nos pronunciamos en su debido momento por el retorno de la detención preliminar, hoy nos pronunciamos de manera firme contra las modificaciones que pretenden eliminar la efectividad del decreto legislativo 1373”, agregó.
Este decreto, vigente desde 2018, permite que el Estado pueda recuperar bienes adquiridos con dinero ilícito sin necesidad de una sentencia penal previa, lo que ha facilitado la incautación de más de 560 millones de soles en bienes y dinero vinculados a actividades criminales.
Los cambios propuestos y sus consecuencias
Según Espinoza, el proyecto de ley impulsado desde el Congreso busca modificar la Ley de Extinción de Dominio, estableciendo una serie de restricciones que favorecerían a la delincuencia. En su mensaje, detalló tres puntos clave que se verían afectados:
- Exclusión de delitos graves: La ley dejaría fuera bienes ilícitos relacionados con corrupción, lavado de activos, crimen organizado y delitos ambientales, limitando su impacto en estos delitos de alto impacto.
- Incautación solo con sentencia firme: Actualmente, la ley permite que el Estado incauta bienes sospechosos sin esperar una sentencia penal definitiva. Con la modificación, los criminales tendrían tiempo para transferir sus bienes a testaferros, ocultarlos o desaparecerlos.
- Límite de tiempo en las investigaciones: Se plantea que las investigaciones prescriban en cinco años, lo que favorecería a los delincuentes, ya que en muchos casos las estructuras criminales operan a largo plazo.
“Esta ley permitiría que las investigaciones se limiten a los cinco años; lo que dejaría a los delincuentes con sus ganancias ilícitas, cuando todos sabemos que un bien ilícito nunca se convierte en legal”, sentenció la fiscal de la Nación.
El Tribunal Constitucional y el futuro de la ley
Además del proyecto de ley en el Congreso, Espinoza alertó sobre un segundo peligro: la demanda presentada ante el Tribunal Constitucional que busca declarar inconstitucional la extinción de dominio.
“Existe un riesgo mayor: la demanda presentada ante el Tribunal Constitucional; el cual esperamos con optimismo sea declarada infundada, porque, de lo contrario, favorecería a la delincuencia, afectando a más de 5.500 casos que hoy en día se encuentran bajo esta ley”, explicó.
El impacto de un fallo adverso sería devastador, ya que miles de bienes en proceso de incautación podrían quedar en manos de organizaciones criminales, debilitando así la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.
Extinción de dominio: no es expropiación, sino justicia
En su mensaje, Espinoza aclaró que la extinción de dominio no es una confiscación ni expropiación, sino un mecanismo legal para devolver al Estado bienes obtenidos ilegalmente.
“Aplicar la ley de extinción de dominio no es una confiscación ni expropiación de bienes, sino una restauración del orden jurídico, de la legalidad”, puntualizó.
Asimismo, enfatizó que esta herramienta es clave en la lucha contra delitos que afectan gravemente al país, como la corrupción, el crimen organizado, la minería ilegal y la trata de personas.
Congreso bajo la lupa
El pronunciamiento de la fiscal de la Nación ha generado un intenso debate sobre las intenciones del Congreso con esta iniciativa. Distintos sectores han señalado que la propuesta legislativa beneficiaría a políticos y empresarios involucrados en escándalos de corrupción, lo que ha despertado suspicacias sobre su origen y propósito real.
Las bancadas que impulsan estas modificaciones argumentan que buscan resguardar el debido proceso y evitar abusos. Sin embargo, los expertos en derecho penal advierten que los cambios debilitarían gravemente la capacidad del Estado para actuar contra el crimen organizado.
La controversia ha llevado a diversos sectores de la sociedad civil, organismos internacionales y expertos en justicia a manifestar su rechazo a cualquier intento de debilitar la extinción de dominio.
¿Qué sigue en la lucha contra la corrupción?
El Ministerio Público ha dejado en claro que seguirá defendiendo la ley de extinción de dominio y enfrentará cualquier intento de socavarla.
Espinoza concluyó su mensaje con una advertencia clara:
“No permitiremos que se retroceda en la lucha contra el crimen. La Fiscalía seguirá firme en su misión de defender la legalidad y el Estado de derecho”.
En medio de este panorama, queda por ver cómo actuará el Tribunal Constitucional y si el Congreso seguirá adelante con una reforma que ha sido ampliamente criticada.
Lo cierto es que la lucha contra la corrupción y la delincuencia enfrenta uno de sus momentos más críticos y las decisiones que se tomen en los próximos meses marcarán el futuro del país en la batalla contra el crimen organizado.
