El escrutinio sobre las prácticas fiscales en el sector de las criptomonedas se intensifica a medida que el Senado de los Estados Unidos centra su atención en figuras prominentes. En esta ocasión, el foco se dirige hacia Dan Morehead, fundador de Pantera Capital, una firma de inversión de renombre en el ámbito de los activos digitales. La investigación, liderada por el Comité de Finanzas del Senado, busca determinar si Morehead incurrió en violaciones de la legislación fiscal federal al trasladarse a Puerto Rico, un territorio que ofrece incentivos fiscales significativos.
Criptomonedas y la evasión fiscal en Puerto Rico son el centro de la polémica.
Según la investigación publicada por The New York Times, el senador Ron Wyden, demócrata por Oregon, envió una misiva a Morehead el 9 de enero, notificándole sobre la investigación del Comité de Finanzas en relación con el cumplimiento fiscal de ciudadanos estadounidenses de alto patrimonio que se han mudado a Puerto Rico. El objetivo principal de esta pesquisa es verificar si estos individuos han utilizado de manera indebida los beneficios fiscales ofrecidos a los residentes de la isla, que pueden reducir significativamente o incluso eliminar las obligaciones tributarias.
El punto central de la investigación radica en determinar si Morehead aplicó incorrectamente las exenciones fiscales para evitar el pago de impuestos sobre ingresos generados fuera de Puerto Rico. En este contexto, la Sección 933 del Código de Rentas Internas de Puerto Rico permite a los residentes de la isla eximir de impuestos federales ciertos ingresos derivados de fuentes puertorriqueñas. Sin embargo, la legislación es clara al establecer que los ingresos generados fuera de Puerto Rico siguen estando sujetos a impuestos federales en Estados Unidos.
La carta enviada por el senador Wyden solicita información detallada sobre los $850 millones en ganancias de inversión que Morehead obtuvo después de mudarse a Puerto Rico en 2020. El Comité de Finanzas busca esclarecer si Morehead declaró estas ganancias como exentas de impuestos en Estados Unidos, lo cual podría constituir una violación de la ley fiscal federal. Es crucial determinar si estas ganancias se originaron realmente en Puerto Rico o si, por el contrario, provienen de inversiones realizadas en otros lugares, lo que las haría sujetas a impuestos en Estados Unidos.
Pantera Capital, fundada por Morehead a principios de la década de 2000, se ha consolidado como una de las firmas de inversión más importantes en el sector de las criptomonedas. Su enfoque principal radica en invertir en empresas de blockchain y activos digitales, aprovechando el crecimiento exponencial de este mercado en los últimos años. Sin embargo, este éxito ha atraído también la atención de las autoridades fiscales, quienes buscan garantizar que las ganancias obtenidas en este sector cumplan con las obligaciones tributarias correspondientes.
Este caso se suma a un creciente escrutinio sobre las prácticas fiscales en el sector de las criptomonedas, donde la complejidad de las transacciones y la falta de regulación clara han generado oportunidades para la evasión fiscal. El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) ha intensificado sus esfuerzos para rastrear y auditar a individuos y empresas que operan en este sector, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la ley y recaudar los impuestos adeudados. La investigación sobre Dan Morehead podría sentar un precedente importante en la regulación fiscal de las criptomonedas y su impacto en las inversiones globales.
La reubicación de inversionistas y empresas a Puerto Rico para aprovechar los incentivos fiscales ha sido objeto de debate durante años. La Ley 22 de Puerto Rico, promulgada en 2012, ofrece exenciones fiscales significativas a los nuevos residentes que inviertan en la isla. Si bien esta ley ha atraído inversión y generado empleo, también ha sido criticada por beneficiar principalmente a los ricos y por generar competencia desleal con otros territorios. La investigación sobre Morehead podría reavivar este debate y llevar a una revisión de las políticas fiscales de Puerto Rico.
