Condiciones mínimas de seguridad en colegios públicos: Extintores, señalización y zonas de evacuación
La fiscal de prevención del delito, Rocío Castro, informó sobre los operativos que se están realizando en instituciones educativas públicas y privadas con el objetivo de verificar el proceso de matrícula y las condiciones de seguridad en los centros educativos. En este contexto, abordó el tema de los cobros realizados por las Asociaciones de Padres de Familia (APAFA) y la situación de infraestructura de diversos colegios.
Cobro de APAFA: no es obligatorio y no debe condicionar la matrícula
Castro señaló que se han recibido denuncias de padres de familia sobre el cobro de cuotas por parte de la APAFA en diferentes instituciones educativas. Reafirmó que el pago de esta cuota es voluntario y no puede ser un requisito para la matrícula. Sin embargo, mencionó que en varias escuelas se ha determinado un monto en asambleas generales, lo que ha generado confusión y descontento entre los padres.
“Hemos observado que en algunas instituciones se paga entre 10 a 20 soles, pero en otros casos los montos ascienden hasta 100 o 180 soles. Si bien están dentro del margen permitido, no es una obligación para las familias”, precisó la fiscal.
Asimismo, explicó que los padres que deseen formar parte de la APAFA pero no cuenten con los recursos económicos pueden contribuir con faenas comunales en el colegio en lugar del pago monetario. “No se puede condicionar la matrícula por no pagar la APAFA. La educación en colegios públicos es gratuita”, enfatizó.
Infraestructura educativa: deficiencias y medidas de seguridad mínimas
Otro de los puntos abordados por Castro fue la problemática en la infraestructura de las instituciones educativas, especialmente en colegios públicos. Explicó que a diferencia de los colegios privados, donde se exige el certificado de seguridad (ISE), las instituciones estatales no pueden ser obligadas a contar con este documento debido a su costo.
En su lugar, se exigen medidas mínimas de seguridad, como señalización de emergencia, extintores, zonas de evacuación y botiquines. En caso de detectar riesgos estructurales, como filtraciones de agua o paredes en mal estado, se coordina con Defensa Civil para su intervención.
Entre los colegios más afectados por problemas de infraestructura, la fiscal mencionó a Pedro Sánchez Gavidia y Juana Moreno, donde los alumnos están siendo reubicados en otros centros educativos o en aulas prefabricadas. En contraste, destacó que algunos colegios han logrado mejoras significativas en su infraestructura, como Las Mercedes, San Pedro y Hermilio Valdizán.
EL DATO
La fiscal Rocío Castro expresó su preocupación por la necesidad de espacios adecuados para los estudiantes y exhortó a las autoridades a continuar trabajando para garantizar que todos los colegios cumplan con condiciones mínimas de seguridad y bienestar.
