La administración Trump se enfrenta a un nuevo revés judicial en su intento de reestructurar la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (U.S.A.I.D.). Un juez federal ha extendido una orden de restricción temporal que impide la implementación de una directiva que pondría a un cuarto de los empleados de la agencia en licencia administrativa y obligaría al regreso de los trabajadores destinados en el extranjero. Esta acción legal, que detiene temporalmente los planes de la administración, subraya las tensiones entre el poder ejecutivo y el sistema judicial en relación con la política exterior y la gestión de las agencias gubernamentales.
U.S.A.I.D. permanece en el centro de un debate sobre la eficiencia y la orientación de la ayuda exterior estadounidense, con implicaciones significativas para la política exterior y la diplomacia del país.
Según el reportaje de The New York Times, la decisión del juez Carl Nichols del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia extiende por una semana más la orden que impide a la administración Trump llevar a cabo planes que virtualmente desmantelarían la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Esta prórroga brinda un respiro temporal a la agencia y a sus empleados, mientras el tribunal considera más a fondo los argumentos presentados por los demandantes.
La orden judicial detiene una directiva que afectaría a aproximadamente 2,700 empleados de U.S.A.I.D., incluyendo a cientos de funcionarios del Servicio Exterior. De implementarse, estos empleados serían puestos en licencia administrativa, mientras que aquellos en el extranjero tendrían 30 días para regresar a los Estados Unidos. Además, la directiva advertía sobre la posible terminación de contratos, lo que generó incertidumbre y preocupación entre los trabajadores de la agencia. La situación se produce en un momento en el que U.S.A.I.D. está implementando varios programas clave en el mundo, incluyendo iniciativas de salud global y programas de asistencia alimentaria en regiones afectadas por conflictos.
La demanda fue presentada por dos sindicatos que representan a los empleados de U.S.A.I.D.: la Asociación Americana del Servicio Exterior, que agrupa a los trabajadores de ayuda en misiones globales, y la Federación Americana de Empleados del Gobierno, que representa a otros empleados contratados directamente. Los sindicatos argumentan que la orden ejecutiva del presidente Trump que congela la ayuda exterior durante 90 días, así como las directivas posteriores para desmantelar ciertas operaciones de U.S.A.I.D. y reducir el personal, son inconstitucionales. Han solicitado al tribunal que las anule, alegando que estas acciones socavan la capacidad de la agencia para cumplir con su misión y violan los derechos de sus empleados. Esta controversia legal se produce en medio de un debate más amplio sobre el papel de los Estados Unidos en el escenario mundial y su compromiso con la ayuda al desarrollo.
El plan de reestructuración de U.S.A.I.D. fue impulsado en gran medida por Elon Musk, el empresario tecnológico encargado de realizar recortes en el presupuesto federal. Tanto Musk como el presidente Trump han criticado duramente a la agencia, cuestionando su eficacia y su alineación con los intereses nacionales de Estados Unidos. Sin embargo, la oposición a este plan ha sido fuerte, con legisladores demócratas, trabajadores de U.S.A.I.D. y organizaciones de ayuda que dependen de la asistencia exterior de Estados Unidos denunciando cualquier intento de cerrar unilateralmente la agencia como ilegal. Argumentan que el papel de U.S.A.I.D. en el gobierno federal fue establecido por ley y que el Congreso financió su funcionamiento, al igual que el resto del gobierno, hasta el 14 de marzo. La decisión del juez Nichols de extender la orden de restricción temporal refleja la complejidad de este asunto y la necesidad de un análisis judicial exhaustivo antes de que se puedan implementar cambios radicales en la agencia.
El juez Nichols ha indicado que tomará una decisión a finales de la próxima semana sobre si conceder o no la solicitud de los demandantes de una orden judicial preliminar, que bloquearía indefinidamente elementos clave del esfuerzo de la administración Trump. La decisión judicial tendrá implicaciones significativas para el futuro de U.S.A.I.D. y para la política exterior de Estados Unidos, definiendo el alcance del poder ejecutivo en la reestructuración de agencias gubernamentales y en la implementación de políticas de ayuda exterior.
