Según el reportaje de The New York Times, un juez de Texas ha ordenado a una doctora de Nueva York cesar la prescripción y el envío de píldoras abortivas a residentes de Texas, además de imponer una multa superior a los $100,000. Esta resolución representa el primer fallo en un caso que desafía las leyes de “escudo” diseñadas para proteger a los médicos que envían píldoras abortivas a estados con prohibiciones.
La decisión del juez Bryan Gantt del Tribunal de Distrito del Condado de Collin, en Texas, prohíbe permanentemente a la Dra. Margaret Daley Carpenter prescribir medicamentos para inducir el aborto a residentes de Texas. Esta orden judicial también incluye una multa de $100,000, más aproximadamente $13,000 en honorarios de abogados y costos judiciales, todo con intereses. Se anticipa que este caso, presentado por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, llegará a la Corte Suprema, estableciendo un precedente crucial en la batalla entre estados con diferentes posturas sobre el aborto.
Este litigio enfrenta a Texas, que mantiene una prohibición casi total del aborto, contra Nueva York, que ha promulgado una ley de “escudo” de aborto por telemedicina. Dichas leyes, implementadas en ocho estados hasta el momento, buscan blindar a los proveedores de atención médica contra demandas civiles, enjuiciamientos u otras acciones legales iniciadas por estados con restricciones al aborto. En esencia, estas leyes buscan garantizar que los médicos puedan brindar servicios de aborto por telemedicina a pacientes en estados donde el aborto está prohibido o severamente restringido, sin temor a repercusiones legales.
Las leyes de “escudo” representan un cambio radical con respecto a las prácticas interestatales tradicionales de extradición y cooperación legal. Desde su implementación en el verano de 2023, proveedores de atención médica en estados donde el aborto es legal han estado enviando más de 10,000 píldoras abortivas por mes a pacientes en estados con prohibiciones o restricciones de aborto. Este flujo de medicamentos ha sido fundamental para mantener el acceso al aborto en un contexto legal cada vez más restrictivo.
La demanda en Texas fue presentada en diciembre contra la Dra. Carpenter, quien colabora con organizaciones de telemedicina para proporcionar píldoras abortivas a pacientes en todo el país. La demanda alega que la Dra. Carpenter, quien no tiene licencia en Texas, proporcionó píldoras abortivas a una mujer en ese estado. Este caso pone de manifiesto la complejidad de regular la atención médica en un país donde las leyes estatales sobre el aborto varían drásticamente.
Además, la situación legal es especialmente compleja debido a que la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU.) aprobó el uso de mifepristona, uno de los componentes de la píldora abortiva, hace más de dos décadas, declarándola segura y efectiva. Sin embargo, la disponibilidad de este medicamento está siendo cuestionada en varios estados, lo que genera incertidumbre sobre el futuro del acceso al aborto en el país. Los defensores de los derechos reproductivos argumentan que restringir el acceso a la mifepristona va en contra de la evidencia científica y obstaculiza la autonomía de las mujeres sobre sus propios cuerpos.
