La corrupción en Huánuco parece no tener fin. Por el contrario, cada día surgen nuevos casos que desafían la legalidad y la moral de la sociedad. Uno de los ejemplos más flagrantes es la persistencia del prostíbulo Villa Cariño, ubicado en la parte baja del asentamiento humano en Las Moras. A pesar de haber sido clausurado en múltiples ocasiones, este establecimiento sigue operando, al parecer con la complicidad de ciertas autoridades que, en lugar de hacer cumplir la ley, facilitan su reapertura.
Este local es un foco constante de actos obscenos, excesos con el alcohol y música estridente, perturbando la tranquilidad de la comunidad y dando un lamentable ejemplo a los niños que crecen observando este escenario. Más allá del escándalo público, la existencia de Villa Cariño también revela un problema estructural: la trata de personas y la explotación de mujeres en condiciones irregulares.
Los vecinos de la zona, hartos de la situación, han interpuesto denuncias y, en algunos casos, incluso han logrado obtener fallos judiciales a su favor. Sin embargo, estos esfuerzos han resultado inútiles, pues el prostíbulo sigue funcionando gracias a presuntos sobornos y redes de corrupción que involucran a funcionarios municipales, fiscales y jueces.
Aquí surge una pregunta clave: ¿qué tipo de justicia se ejerce en Huánuco cuando una sentencia judicial puede ser ignorada con total impunidad? La complicidad de ciertos sectores del gobierno local y del sistema judicial solo refuerza la desconfianza ciudadana en las instituciones. Se supone que las autoridades deben velar por el bienestar de la comunidad, pero en este caso parecen estar más interesadas en proteger los intereses de quienes lucran con la explotación de mujeres y con el desorden social.
No se trata de condenar a las mujeres que buscan ganarse la vida, sino de exigir condiciones dignas para todos. Existen alternativas laborales más seguras y legales, pero mientras la corrupción permita que estos negocios prosperen en la ilegalidad, difícilmente se podrán ofrecer opciones reales para quienes buscan un sustento.
Es momento de que la Defensoría del Pueblo y demás autoridades competentes tomen cartas en el asunto con firmeza. No basta con clausurar el prostíbulo si, al poco tiempo, sus puertas vuelven a abrirse bajo la misma sombra de la impunidad. Es urgente aplicar sanciones severas a los responsables, incluidos aquellos que, desde sus cargos públicos, han permitido que este antro siga operando.
