Cambio de criterio en la Contraloría
El informe presentado a la Fiscalía de la Nación el 4 de octubre de 2024 concluye que no hay desbalance patrimonial en las cuentas de la presidenta, tras revisar sus ingresos y egresos entre febrero de 2022 y febrero de 2024. Este resultado difiere de las declaraciones de Shack, quien en julio de 2024 advirtió que Boluarte no había declarado todas sus cuentas y tenía ahorros superiores a sus ingresos.
La llegada de Aguilar a la Contraloría en julio de 2024 coincidió con una serie de cambios en las áreas encargadas de la fiscalización de las declaraciones juradas, desplazando a un personal experimentado. La nueva administración concluyó que las cifras de Boluarte cuadran y que las incongruencias previas se debieron a errores en la declaración.
Diferencias con la fiscalía
Sin embargo, un informe pericial de la Fiscalía, emitido en octubre de 2024, calcula que la presidenta presenta un incremento patrimonial de 58.699,97 soles cuyo origen se desconoce. Ante esto, la defensa de Boluarte solicitó que los peritos de la Contraloría fueran interrogados en el proceso judicial para dar mayor validez a su informe.
Cuestionamientos a los fiscalizadores
Un dato llamativo es que Vanessa Walde, la subgerente de fiscalización que firmó el informe que exonera a Boluarte, reside en una vivienda en La Molina vinculada al fallecido narcotraficante Roger Poémape Chávez. La propiedad, anteriormente bloqueada por las autoridades, pertenece actualmente a la familia de Poémape.
El caso sigue generando controversia en el ámbito político y judicial, con posiciones divididas entre los informes de la Contraloría y la Fiscalía.
