Benjamín Velasco Reyes afirma que se busca afectar la imagen de la universidad con “acusaciones infundadas”
Luego de la publicación de una serie de denuncias contra la gestión de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Daniel Alomía Robles (UNDAR) en el Diario AHORA, su presidente, Benjamín Velasco Reyes, ha emitido un pronunciamiento en el que rechaza categóricamente las acusaciones y advierte que este tipo de denuncias ponen en riesgo el prestigio institucional y la transparencia en el proceso de licenciamiento que la universidad viene gestionando.
Velasco Reyes señala que desde diciembre de 2024 se han realizado diversas denuncias a través de medios y redes sociales, con el presunto objetivo de afectar la imagen de la universidad. En este contexto, responde a las principales acusaciones formuladas por el jefe de Recursos Humanos de la institución, Edwin Figueroa Ferrer, a quien señala como el principal impulsor de estas denuncias.
La firma de contratos CAS: ¿Irregularidad o facultad legal?
Uno de los principales cuestionamientos hechos contra la gestión de Velasco Reyes es la firma de nueve contratos CAS (001-2024 a 009-2024), presuntamente sin contar con la facultad legal para hacerlo. Sin embargo, el presidente de la Comisión Organizadora sostiene que estas acusaciones carecen de sustento, ya que la normativa vigente le otorga esta facultad.
Velasco Reyes explica que la Resolución Viceministerial N° 244-2021-MINEDU, en su literal i) del numeral 6.1.5, establece que los presidentes de las comisiones organizadoras de universidades en proceso de constitución tienen la atribución de suscribir contratos, actos y convenios a nombre de la universidad. Asimismo, enfatiza que el artículo 30 del Estatuto de la UNDAR ratifica esta facultad como una de las atribuciones del rector.
Adicionalmente, menciona el artículo 29° de la Ley Universitaria (Ley N° 30220), que otorga a las comisiones organizadoras la responsabilidad de la conducción y dirección de las universidades hasta la conformación de sus órganos de gobierno.
“No existe irregularidad alguna en la firma de estos contratos. Como representante legal de la UNDAR, registrado en la SUNARP, mi función es velar por el correcto funcionamiento administrativo de la universidad y actuar dentro del marco normativo establecido”, señaló Velasco Reyes.
Retiro de atribuciones a Recursos Humanos: ¿Medida disciplinaria o abuso de poder?
Otra de las acusaciones realizadas por Edwin Figueroa Ferrer es que el presidente de la Comisión Organizadora le retiró atribuciones clave a la jefatura de Recursos Humanos, contraviniendo el Decreto Supremo N° 065-2011-PCM.
Velasco Reyes explica que al inicio de su gestión delegó facultades al jefe de Recursos Humanos, permitiéndole suscribir contratos CAS. No obstante, afirma que Figueroa renovó contratos sin contar con los informes de conformidad de los jefes inmediatos y sin informar a la Comisión Organizadora. Ante esta situación, y para evitar decisiones unilaterales que puedan afectar la gestión institucional, revocó dicha facultad mediante la Resolución de Presidencia N° 026-2024-CO-P-UNDAR, emitida el 07 de febrero de 2024.
Esta medida dejó sin efecto la capacidad del jefe de Recursos Humanos para:
- Suscribir, modificar y resolver contratos CAS, salvo en casos excepcionales de empleados de confianza.
- Aprobar vacaciones truncas y beneficios laborales del personal no docente y docente.
- Firmar resoluciones sobre la contratación de personal no docente.
El presidente de la UNDAR sostiene que esta decisión no solo está respaldada por la normativa interna, sino que se tomó para evitar irregularidades en la renovación de contratos.
Además, Velasco Reyes enfatiza que la denuncia sobre la supuesta exclusividad de Recursos Humanos en la gestión de contratos es errónea, pues el artículo 15° del Decreto Supremo N° 065-2011-PCM establece que esta oficina es el órgano encargado de los contratos administrativos, pero no menciona que tenga la exclusividad en la firma o gestión de estos.
Despidos arbitrarios y resistencia a órdenes judiciales
Figueroa Ferrer también denunció despidos arbitrarios y una presunta negativa de la universidad a acatar medidas cautelares de reincorporación de trabajadores.
Sobre este punto, Velasco Reyes rechaza rotundamente las acusaciones, asegurando que la no renovación de contratos CAS no constituye despido arbitrario. Según explica, en diciembre de 2024, los contratos de varios trabajadores vencieron y sus jefes inmediatos recomendaron no renovarlos debido a deficiencias en su desempeño.
Tres de estos trabajadores, entre ellos Naylamp Cueva León, presentaron una medida cautelar ante el Poder Judicial, que ordenó su reincorporación temporal mientras se resuelve el caso de fondo.
“Hemos cumplido con acatar la orden judicial. No hay resistencia alguna. La reincorporación se ha dado conforme a lo ordenado por el juez, pero ello no significa que la decisión final sobre sus contratos haya cambiado”, aclaró Velasco Reyes.
Denuncias de corrupción en obras: “No tienen fundamento”
Otro de los puntos más polémicos es la presunta existencia de irregularidades en la ejecución de una obra dentro de la UNDAR: la construcción de un ascensor. Según la denuncia, la remoción del jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones, Richard Hadison Gonzales Liberato, tuvo el propósito de evitar la supervisión de esta obra.
Velasco Reyes desmiente esta afirmación y asegura que al 31 de diciembre de 2024, la obra tenía un 97% de avance físico y presupuestal. Enfatiza que, independientemente del retiro de Gonzales Liberato, la obra cuenta con su propio supervisor independiente, por lo que no hay forma de que su destitución afecte la transparencia del proyecto.
“La vinculación de este caso con un supuesto acto de corrupción es absurda. La obra tiene supervisión técnica y financiera. No hay ninguna irregularidad en su ejecución”, aseguró.
¿Ataque político o reclamo legítimo?
Velasco Reyes considera que detrás de las denuncias de Edwin Figueroa Ferrer existe un interés personal más que una verdadera preocupación por la transparencia de la universidad.
El presidente de la UNDAR sostiene que Figueroa ha impulsado estas acusaciones como represalia por la revocación de sus facultades en la firma de contratos CAS, las cuales habría ostentado durante años. Además, advierte que este tipo de acciones pueden afectar el proceso de licenciamiento de la universidad ante SUNEDU, un trámite en el que la institución está enfocada actualmente.
“No podemos permitir que intereses particulares entorpezcan la institucionalidad de la UNDAR. Nuestro objetivo es lograr el licenciamiento y garantizar un ambiente académico transparente y eficiente. No vamos a ceder ante ataques infundados”, concluyó Velasco Reyes.
Dato:
Mientras Figueroa Ferrer denuncia supuestas irregularidades y abuso de autoridad, Velasco Reyes sostiene que las decisiones tomadas se encuentran dentro del marco legal y buscan evitar actos administrativos irregulares. Con la Fiscalía y el Ministerio de Educación al tanto de la situación, se espera que en las próximas semanas se determinen los siguientes pasos en este conflicto que pone en jaque la estabilidad institucional de la UNDAR.
