El congresista Luis Kamiche, de la bancada Alianza para el Progreso (APP), presentó el proyecto de ley 10127, que busca incluir un nuevo artículo en el Código Penal Peruano para sancionar severamente a miembros de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y la Policía Nacional del Perú (PNP) que empleen “métodos terroristas” en actos delictivos.
La propuesta sugiere incorporar el artículo 315-C dentro del capítulo dedicado a los ‘Delitos Contra la Paz Pública’, estableciendo penas de hasta 35 años de prisión, con posibilidad de cadena perpetua en casos agravados, como la participación de efectivos policiales o militares, o el uso de menores de edad para ejecutar los delitos. Segun Ricardo Mc Cubbin – Fuente: Infobae.
¿En qué consiste el proyecto de ley?
El artículo propuesto sanciona a quienes “provocan, crean o mantienen un estado de zozobra, alarma o temor en la población o en un sector de ella” utilizando métodos propios del terrorismo, como:
- Uso de armas de fuego o artefactos explosivos.
- Ataques contra edificios públicos, torres de energía, medios de transporte y servicios esenciales.
“La sentencia será de cadena perpetua si los perpetradores son integrantes activos de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas, emplean a menores de edad o están vinculados a actividades ilícitas como la minería y tala ilegal”, detalla el proyecto.
¿Por qué surge esta iniciativa?
El proyecto de ley se fundamenta en el incremento de la violencia criminal en el Perú, particularmente en regiones como Madre de Dios, Tumbes y La Libertad, donde se han registrado numerosos casos de extorsión, sicariato y atentados violentos.
En 2024, se alcanzó un récord de denuncias por extorsión, con 5,067 casos reportados. Además, actos como el atentado contra una sede del Ministerio Público en La Libertad y el hallazgo de una granada en el penal Castro Castro han evidenciado la creciente sofisticación de las bandas delictivas.
“La tipificación de los delitos y penas propuestas no es suficiente para la lucha contra la criminalidad organizada. Resulta necesario y pertinente modificar el marco normativo para frenar la ola violenta de actos criminales mediante el uso de métodos terroristas”, afirmó Luis Kamiche en la exposición de motivos.
Apoyo y críticas al proyecto
La iniciativa cuenta con el respaldo de otros congresistas de APP, como Alejandro Soto, María Acuña, Nelcy Heidinger, Idelso García y Magaly Ruiz, quienes figuran como coautores. Según sus impulsores, el proyecto es congruente con la legislación nacional y no implicaría costos adicionales para el Estado.
Sin embargo, expertos en derecho penal han expresado reservas sobre la propuesta, señalando que podría ser difícil distinguir entre los métodos terroristas y las prácticas delictivas convencionales. Además, advierten sobre el riesgo de interpretaciones ambiguas que puedan generar conflictos legales o abusos en su aplicación.
Contexto: Debate sobre “terrorismo urbano”
El proyecto de Kamiche se presenta en paralelo a la discusión de otra iniciativa clave: el Proyecto de Ley 09085/2024-PE, impulsado por el Ejecutivo para tipificar el delito de “terrorismo urbano” en el Código Penal.
Este proyecto busca endurecer las penas para delitos como el sicariato, la extorsión y la tenencia ilegal de armas, con sanciones que podrían alcanzar los 30 años de prisión.
El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, instó a las bancadas parlamentarias y a la Comisión de Justicia a priorizar el debate de esta propuesta, destacando su importancia en la lucha contra la delincuencia organizada.
Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, respaldó la medida, señalando que es una respuesta al llamado de la presidenta Dina Boluarte para unificar esfuerzos frente al terror y la criminalidad.
¿Es suficiente la tipificación penal para frenar la criminalidad?
Aunque la propuesta de Kamiche plantea sanciones más severas, especialistas en seguridad advierten que el problema de la criminalidad organizada en el Perú va más allá de las penas establecidas.
Según datos del INEI, la criminalidad sistemática ha evolucionado en las últimas décadas, alimentada por factores como la corrupción, la falta de coordinación entre instituciones y la debilidad en la ejecución de políticas preventivas.
“No basta con imponer penas más altas si no se fortalecen las capacidades operativas y de inteligencia de las instituciones encargadas de combatir el crimen. La prevención, el monitoreo y la investigación son claves para desarticular estas redes”, comentó un especialista en seguridad consultado por El Comercio.
Criminalidad en cifras: Un panorama alarmante
- Regiones más afectadas: Madre de Dios, Tumbes y La Libertad son focos de alta criminalidad, con crecientes índices de extorsión y sicariato.
- Récord en extorsión: En 2024, se reportaron más de 5,000 casos, cifra que supera los registros de años anteriores.
- Atentados violentos: El uso de granadas y explosivos en actos delictivos ha aumentado significativamente, evidenciando un nivel de organización similar al de grupos terroristas.
Conclusión
La propuesta legislativa presentada por Luis Kamiche busca enfrentar la creciente ola de criminalidad organizada en el Perú mediante la tipificación de nuevos delitos y el endurecimiento de penas. Sin embargo, expertos advierten que, si no se acompaña de medidas preventivas y una mejor coordinación institucional, el impacto real de estas iniciativas será limitado.
“La lucha contra el crimen organizado requiere un enfoque integral que combine sanciones ejemplares con estrategias de inteligencia, prevención y fortalecimiento institucional”, concluyó el especialista.
