Fiscalía Especializada en Materia Ambiental toma acciones tras tala no autorizada de pino ornamental
La tala de un pino ornamental de 15 años en la Plaza de Armas de La Unión ha desatado indignación entre los vecinos y ha dado pie a una investigación por parte de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Huánuco. El Ministerio Público ha iniciado diligencias preliminares contra el alcalde de la Municipalidad Provincial de Dos de Mayo, Ramiro Pujay Hipolo, y la jefa de Recursos Humanos, Ady Liceth Rufasto Maldonado, por la presunta alteración del ambiente o paisaje, un delito tipificado en el artículo 313° del Código Penal.
Un acto sin autorización
De acuerdo con la investigación fiscal, la tala del árbol ocurrió el 12 de diciembre de 2024, sin contar con un expediente técnico, certificación ambiental ni aprobación del Concejo Municipal. La decisión habría sido tomada de manera unilateral con el argumento de que el árbol obstruía la visibilidad del letrero “LA UNIÓN” y la decoración navideña.
El hecho generó gran malestar en la comunidad, ya que el árbol formaba parte del ornato y tenía un alto valor simbólico para los habitantes del distrito. En un acta de constatación realizada por las autoridades locales y la Fiscalía, se evidenció la falta de coordinación para la ejecución de la tala y se registraron testimonios de funcionarios municipales que denunciaron la decisión arbitraria.
Fiscalía toma acciones
Ante la polémica, la Fiscalía ha dispuesto una investigación de 60 días, en la que se recabarán pruebas y testimonios clave para determinar las responsabilidades penales y administrativas de los involucrados. Se ha ordenado la declaración de los investigados, la recopilación de documentos oficiales y la intervención de la Policía Ambiental y la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre.
Asimismo, se ha emitido una exhortación para evitar la tala de otro árbol de la misma especie que permanece en la plaza, mientras se desarrollan las investigaciones.
Dato:
El Código Penal establece penas de hasta cuatro años de prisión para quienes alteren el medio ambiente sin la debida autorización. Además, la Fiscalía ha solicitado una medida cautelar de S/ 70,000 sobre los bienes de los investigados para garantizar una eventual reparación civil en caso de confirmarse su responsabilidad en los hechos. La población de La Unión sigue atenta a las acciones de las autoridades y exige justicia por lo que consideran un atentado contra el patrimonio natural de su comunidad.
