El expresidente Martín Vizcarra seguirá enfrentando el juicio oral en su contra el próximo 10 de febrero, luego de que el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional programara la siguiente audiencia dentro del proceso que lo investiga por presunto cohecho pasivo propio. Durante esta sesión, se recibirán los testimonios de tres testigos clave, que serán determinantes en el caso.
Este lunes 3 de febrero, el tribunal reanudó las diligencias para evaluar los alegatos de las partes procesales. La Fiscalía acusa a Vizcarra de haber recibido sobornos por S/2,3 millones a cambio de adjudicaciones de obras públicas cuando fue gobernador de Moquegua (2011-2014), específicamente en los proyectos Lomas de Ilo y el Hospital Regional de Moquegua. Según Tomás Ezerski para Infobae.
La presidenta del tribunal, Fernanda Ayasta, informó que la audiencia del 10 de febrero se llevará a cabo entre las 9:00 a.m. y la 1:00 p.m. Además, se ha programado otra sesión para el viernes 14 de febrero de 8:00 a.m. a 9:00 a.m. Luego de esta fecha, el tribunal entrará en receso por vacaciones hasta la segunda quincena del mes.
Durante esta fase del juicio, se espera la declaración de testigos técnicos y peritos, además de la evaluación de la evidencia presentada por la Fiscalía, que incluye 143 pruebas documentales, y la defensa de Vizcarra, que ha presentado 109 documentos en su descargo.
Modificación en la situación legal de Vizcarra
En paralelo al juicio, la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional dejó sin efecto la medida de comparecencia con restricciones que regía sobre el expresidente desde marzo de 2021. La decisión se basa en la Ley 32130, vigente desde diciembre de 2023, que impide la extensión indefinida de restricciones procesales.
Según esta normativa, luego de cumplirse el límite máximo de 36 meses, la comparecencia con restricciones ya no puede mantenerse, por lo que Vizcarra ahora afronta el juicio en comparecencia simple. Sin embargo, esto no altera el proceso judicial ni la gravedad de los cargos en su contra.
Nueva investigación por colusión
Además del caso por presunto cohecho, Vizcarra también enfrenta otro proceso judicial por presunta colusión simple en agravio del Estado. El Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional ha programado para el 20 de marzo a las 9:00 a.m. el inicio del control de acusación en esta investigación.
Este caso se centra en presuntas irregularidades en la construcción de la Línea de Conducción 1 Jaguay y en la elaboración del expediente técnico para el mejoramiento del Hospital de Moquegua. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que el entonces gobernador habría solicitado sobornos para favorecer a determinadas empresas en la adjudicación de estos contratos.
En relación con el Hospital Regional de Moquegua, la Fiscalía afirma que Vizcarra recibió S/1,3 millones (aproximadamente 346.000 dólares) como pago irregular. La obra tuvo un presupuesto inicial de S/112 millones (cerca de 29,8 millones de dólares) y presenta diversas irregularidades que, según la investigación, fueron parte de un esquema de corrupción.
En cuanto al proyecto de irrigación Lomas de Ilo, el Ministerio Público alega que Vizcarra favoreció a un consorcio conformado por Obrainsa e Incot, a cambio de pagos ilícitos. Testimonios recogidos en la investigación aseguran que estos sobornos fueron entregados para garantizar la concesión del contrato, cuyo objetivo era mejorar la provisión de agua en las zonas agrícolas de la región.
Vizcarra mantiene aspiraciones políticas
A pesar de los procesos judiciales en su contra, Martín Vizcarra sigue activo en la política y mantiene su intención de postular a la Presidencia en 2026 con su partido Perú Primero. Ni el juicio por presunta corrupción durante su etapa como gobernador de Moquegua, ni las denuncias constitucionales en el Congreso, han detenido sus planes de volver a la escena electoral.
El exmandatario confía en obtener un fallo favorable en los tribunales y ya ha comenzado a planificar una posible candidatura. Según ha adelantado, su lista parlamentaria incluiría a exministros de su gobierno y profesionales de diversas administraciones, bajo la premisa de que el país necesita la colaboración de diversos sectores más allá de un solo partido político.
Desde que fue destituido en noviembre de 2020, Vizcarra ha mantenido una presencia activa en redes sociales y en eventos políticos, buscando reivindicar su gestión y presentarse como víctima de una persecución judicial. No obstante, sus aspiraciones políticas podrían verse frustradas si los procesos en su contra avanzan y resultan en una condena firme.
Un juicio que marcará el futuro de Vizcarra
El proceso contra Vizcarra es uno de los casos más mediáticos de los últimos años en el Perú. Su desenlace no solo determinará su futuro político, sino que también podría sentar un precedente en la lucha contra la corrupción en el país.
Con las audiencias programadas para febrero y nuevas investigaciones en curso, el expresidente enfrenta un panorama judicial complicado. Su defensa ha insistido en que las acusaciones son “parte de una campaña de desprestigio”, mientras que la Fiscalía se mantiene firme en que existen pruebas suficientes para demostrar los presuntos actos de corrupción.
A medida que avancen las diligencias, se espera que nuevos testimonios y documentos sean presentados, lo que podría cambiar el curso del juicio. La audiencia del 10 de febrero será clave, ya que permitirá evaluar los testimonios de testigos considerados fundamentales para la acusación.
Vizcarra sigue apostando por su regreso a la política, pero el resultado de este proceso será determinante para su futuro. Si es hallado culpable, quedaría inhabilitado y enfrentaría una severa condena. De lo contrario, podría fortalecerse como figura política con miras a las elecciones de 2026.
Por ahora, el país seguirá atento al desarrollo del juicio, que promete convertirse en un caso emblemático dentro del sistema judicial peruano.
