El gobierno de Ecuador ha anunciado el cierre de sus fronteras terrestres con Perú y Colombia desde el sábado 8 hasta el lunes 10 de febrero, en un esfuerzo por reforzar la seguridad nacional ante posibles amenazas de desestabilización por parte de grupos armados. La medida fue comunicada por el presidente Daniel Noboa a través de la red social X, donde también informó sobre la militarización de los principales puertos del país.
“He dispuesto al bloque de seguridad se ejecuten las siguientes acciones: 1) Militarizar los puertos de manera inmediata y 2) Reforzar la presencia militar en la frontera norte y sur del país. Ante los intentos de desestabilización de grupos armados, desde el sábado 8 hasta el lunes 10 de febrero, las fronteras permanecerán cerradas”, expresó el mandatario en su publicación. Segun Jazmine Angulo para Infobae.
La decisión responde a la creciente crisis de seguridad que enfrenta Ecuador, donde el gobierno ha declarado un “conflicto armado interno” debido a la presencia de organizaciones delictivas vinculadas al narcotráfico y el crimen organizado. La estrategia apunta a evitar cualquier tipo de interferencia durante el proceso electoral y fortalecer el control territorial frente a posibles ataques.
Medidas de seguridad y refuerzo militar
El cierre de fronteras es solo una parte de un plan más amplio de seguridad que contempla la militarización de los puertos y el aumento del despliegue de fuerzas armadas en los puntos críticos del país.
En los últimos años, la frontera con Colombia ha sido un foco de actividad delictiva vinculada al tráfico de drogas y al contrabando de armas. Informes del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado señalan que grupos criminales utilizan este corredor para movilizar cargamentos ilícitos y facilitar la salida de droga hacia mercados internacionales.
La frontera sur, con Perú, también ha sido escenario de actividades ilegales, como el contrabando de mercancías y la minería clandestina. De acuerdo con expertos en seguridad, la presencia militar reforzada en esta zona busca impedir el flujo de armas y sustancias ilícitas que alimentan las economías criminales.
Además, los puertos ecuatorianos han sido señalados como puntos estratégicos en las rutas del narcotráfico hacia Europa y Norteamérica. Con la militarización, el gobierno pretende “frenar el tráfico ilícito y garantizar que los puertos no sean utilizados para operaciones clandestinas”, según declaró un portavoz del Ejecutivo.
La estrategia de seguridad del gobierno se ve respaldada por recientes operativos que han evidenciado la amenaza real de grupos armados en el país. El pasado fin de semana, 12 individuos fuertemente armados fueron capturados en la provincia de Manabí, portando fusiles y uniformes de uso militar y policial. Según las autoridades, estos arrestos estarían vinculados con planes de ataques coordinados.
Impacto en la economía fronteriza
El cierre de las fronteras con Perú y Colombia no solo tendrá repercusiones en materia de seguridad, sino también en la economía de las zonas limítrofes. El comercio en la región fronteriza ecuatoriana se caracteriza por la circulación de dos monedas: el dólar estadounidense y el sol peruano, fenómeno que influye en los hábitos de consumo de los ciudadanos y en las dinámicas comerciales locales.
Según reportajes especializados en medios como Gatopardo y diversos testimonios recogidos en plataformas digitales, los comerciantes de Huaquillas y Aguas Verdes, en la frontera con Perú, han aprendido a adaptarse al uso de ambas monedas. “Muchos vendedores prefieren recibir pagos en dólares, ya que les permite obtener mejores márgenes de ganancia y facilita las transacciones con proveedores ecuatorianos”, señaló un economista consultado en un informe reciente.
El dinamismo de estos mercados ha convertido a la zona fronteriza en un punto clave para la actividad económica. Los cambistas, quienes operan en ambos lados de la frontera, han sido parte fundamental del sistema, permitiendo a los compradores elegir la moneda más conveniente según el tipo de cambio vigente. Sin embargo, con el cierre temporal de los pasos fronterizos, es probable que el comercio se vea afectado, reduciendo el flujo de productos y transacciones.
Los pequeños comerciantes temen que esta medida tenga consecuencias económicas negativas en el corto plazo, aunque reconocen que la seguridad es una prioridad. “El comercio depende del libre tránsito, pero también necesitamos tranquilidad y orden para seguir trabajando”, expresó un vendedor de la zona en declaraciones a medios locales.
Un contexto de crisis y respuesta gubernamental
El gobierno de Noboa enfrenta una de las crisis de seguridad más complejas de los últimos años, con el narcotráfico y el crimen organizado ganando terreno en varias regiones del país. La declaración del conflicto armado interno, realizada a inicios del 2024, marcó un punto de inflexión en la política de seguridad del país, permitiendo a las fuerzas armadas actuar con mayor autonomía en la lucha contra el crimen.
Desde entonces, se han implementado operativos militares y policiales para desmantelar redes criminales y frenar la violencia que afecta a la población. No obstante, los desafíos continúan, y el cierre de las fronteras es visto como una acción preventiva en un momento clave para Ecuador.
Con las elecciones en el horizonte y el temor a posibles ataques de grupos armados, la administración de Noboa busca consolidar su estrategia de seguridad y demostrar control sobre el territorio. A medida que se acerque la fecha de los comicios, se espera que las autoridades refuercen aún más las medidas de protección para garantizar un proceso electoral sin incidentes.
Por ahora, el país entra en una fase de máxima alerta, con la esperanza de que estas medidas contribuyan a restablecer el orden y frenar la amenaza del crimen organizado en Ecuador.
