La minería de pequeña escala ha ido desplazando actividades tradicionales como la agricultura y la ganadería en amplias zonas de los Andes peruanos, impulsada por el incremento del precio del oro en un 27% solo en 2024. Sin alternativas de desarrollo viables, miles de personas han optado por dedicarse a la extracción aurífera, una actividad que, si bien genera altos ingresos, también acarrea serios problemas como la expansión de la minería ilegal y el avance de redes de delincuencia organizada.
En este contexto, el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) se ha convertido en el epicentro de un debate clave. Creado para regularizar a los pequeños mineros, este mecanismo ha sido prorrogado en repetidas ocasiones debido a su bajo éxito: de los 84 mil inscritos, solo 2.100 han completado su formalización. La incertidumbre sobre su futuro enfrenta a dos sectores: quienes buscan ampliar el plazo para formalizarse y las grandes y medianas mineras, que consideran que el REINFO es una vía abierta para la minería ilegal. Según Juan Saldarriaga para El Comercio.
El crecimiento de la minería informal y la presión por el oro
El auge del oro ha disparado la actividad minera informal e ilegal en el país. De acuerdo con el Instituto Peruano de Economía (IPE), la exportación informal de oro alcanzaría un récord de 130 toneladas en 2024, un 40% más que el año anterior.
Según el Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible (GDMDS), más del 90% de la minería de pequeña escala opera en concesiones ajenas, y de ese total, el 70% de las áreas invadidas pertenecen a pequeños mineros y no a grandes empresas.
“¿Cómo se detiene esto si las comunidades no cuentan con alternativas de desarrollo que compitan contra la minería informal?”, cuestiona Patricia Balbuena, exministra de Cultura.
Ramón Escobar, vocero del GDMDS, subraya que es difícil que un operario artesanal, que gana entre S/4.000 y S/5.000 al mes, abandone esta actividad para dedicarse a la agricultura. La rentabilidad del oro ha transformado la economía de miles de familias, pero también ha convertido a muchas de ellas en parte de una cadena donde se cruzan la informalidad y la ilegalidad.
REINFO: ¿solución o problema?
El proceso de formalización ha sido extremadamente lento. De los 84.000 mineros inscritos en el REINFO, apenas 2.100 han cumplido todas las etapas. La falta de avances y las presiones políticas han llevado a que el Congreso prorrogue constantemente el programa, pero el plazo actual vence en seis meses, con la posibilidad de extenderlo por otros seis.
Por un lado, los mineros informales buscan más tiempo para regularizarse, mientras que las grandes empresas mineras exigen el cierre definitivo del REINFO, argumentando que el programa ha facilitado la expansión de la minería ilegal.
En medio de esta disputa, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) se retiró de la mesa de trabajo organizada por la Comisión de Energía y Minas del Congreso, acusando a su presidente, Paul Gutiérrez, de favorecer a los mineros informales.
Desde el Ejecutivo, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) está desarrollando un nuevo marco normativo con aportes de empresas mineras, entidades académicas y cooperación internacional.
La trazabilidad del oro: una solución clave
Uno de los pocos puntos en los que coinciden diversos actores del sector es la trazabilidad de la cadena del oro, considerada esencial para frenar la minería ilegal.
La SNMPE ha enfatizado la necesidad de rastrear el mineral desde su origen hasta su procesamiento en plantas de beneficio establecidas en la costa, muchas de las cuales trabajan con oro de procedencia ilegal.
“Si se logra una trazabilidad efectiva de las plantas procesadoras, se podrá romper la cadena de ilegalidad y ordenar el sector”, sostiene Víctor Gobitz, expresidente del gremio minero-energético.
El Grupo de Diálogo Minero ha identificado que el 30% de la producción aurífera artesanal pasa por plantas de beneficio, lo que evidencia la importancia de regular este eslabón del proceso.
Para ello, el Minem está desarrollando el Registro Especial de Comercialización y Procesadores de Oro (RECPO), un sistema basado en tecnología avanzada para rastrear el comercio del oro ilegal. Esta herramienta operará mediante la aplicación móvil Qori, cuyo uso será obligatorio para los mineros en vías de formalización.
Depuración del REINFO: identificando a los ilegales
Otro consenso dentro del sector es la necesidad de depurar el REINFO, eliminando a aquellos inscritos que no realizan actividades mineras reales.
Investigaciones recientes han revelado irregularidades en cientos de registros, incluyendo coordenadas georreferenciadas en el océano Pacífico y en países vecinos como Brasil, Ecuador y Bolivia.
Además, la gestión del exministro Rómulo Mucho anuló 2.172 inscripciones correspondientes a personas fallecidas, utilizadas fraudulentamente por mineros ilegales para encubrir sus operaciones. En total, el Minem ha logrado excluir 5.400 REINFO fraudulentos.
José Farfán, presidente del Instituto de Promoción y Formalización de la Minería a Pequeña Escala, sugiere reducir el REINFO a los 19.129 registros realmente operativos, ya que los 64.792 suspendidos corresponderían a personas que nunca realizaron actividad minera.
El especialista también señala que la formalización debería enfocarse en las regiones con mayor concentración de mineros en proceso: Puno, Arequipa, La Libertad y Madre de Dios.
Grandes vs. pequeños: una relación más compleja de lo que parece
El conflicto entre la gran y la pequeña minería se ha intensificado, pero algunos estudios indican que no siempre son las grandes empresas las afectadas por la invasión de concesiones.
Datos del Minem y el Grupo de Diálogo Minero revelan que el 70% de los terrenos ocupados por mineros en vías de formalización pertenecen a otros pequeños mineros y mineros artesanales, no a grandes compañías.
“Eso significa que no hay intereses contrapuestos entre la gran y la pequeña minería, salvo en zonas puntuales como Pataz y Las Bambas”, señala José Farfán.
Pedro Yaranga, analista en conflictos sociales, sugiere que las grandes empresas deben respetar sus áreas de operación, pero también destinar zonas no utilizadas a la pequeña minería.
Existen ejemplos de cooperación, como el acuerdo entre minera Shahuindo y la sociedad San Blas de Algamarca en Cajamarca, que permite a 100 pequeños mineros trabajar bajo un marco regulado.
“La sinergia entre la gran minería y la pequeña minería sí existe, quizá no a gran escala, pero ya hay casos concretos”, apunta Homar Lozano, director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
Conclusión: ¿qué sigue para la minería informal en Perú?
El futuro del REINFO sigue siendo incierto. Mientras que los pequeños mineros exigen su continuidad y formalización, las grandes empresas presionan para su cierre. En paralelo, la minería ilegal sigue expandiéndose, alimentada por el alza del precio del oro y la falta de alternativas económicas para miles de peruanos.
La solución parece radicar en un modelo de formalización realista, la trazabilidad del oro, el ordenamiento de las plantas de beneficio y un esquema de convivencia regulada entre la gran y la pequeña minería. El reto ahora está en la voluntad política de implementar estos cambios.
