El conflicto entre la Beneficencia Pública de Huánuco y la Dirección Regional de Salud (Diresa) vuelve a ser tema de preocupación pública. Ambas instituciones, aunque estatales y manejadas por políticos que deberían trabajar en conjunto por el bienestar de Huánuco, parecen distantes cuando se trata de resolver este problema. Ni el gobernador regional ni el alcalde han demostrado interés en dialogar y encontrar una solución duradera.
Es incomprensible que la Beneficencia Pública, bajo la administración del alcalde, haya acordado cobrar un exorbitante alquiler mensual de 50,000 soles a la Diresa. Esta última carece de ingresos propios, pues sus operaciones se financian con fondos públicos y los impuestos de los ciudadanos. ¿De dónde pretenden obtener tal suma? Lo lógico sería que ambas partes, representadas por el gobernador, el alcalde y los dirigentes de la Beneficencia, trabajen juntos para presentar un proyecto de ley que, por interés público, permita la expropiación de la propiedad para su uso en salud pública.
Este conflicto no es nuevo. Durante años, la Diresa ha enfrentado amenazas de desalojo sin que nadie proponga una alternativa viable para los 200 empleados que laboran en estas oficinas, ni para los servicios esenciales que allí se brindan, incluido el Hospital de la Solidaridad. La Diresa tiene una función crítica para garantizar la salud en toda la región de Huánuco, una labor que no puede interrumpirse sin consecuencias graves.
El dirigente Francisco Samaniego ha instado al Congreso a intervenir en este asunto. Sin embargo, señala que el doctor Picón, presidente de la Comisión de Salud del Congreso, ha ignorado las comunicaciones enviadas. Las autoridades parecen más ocupadas en conflictos personales y en mantener viejas rencillas políticas que en trabajar por el bienestar de la región.
Por otro lado, resulta cuestionable que la Beneficencia exija una suma tan alta por un inmueble que fue donado por la familia Figueroa Villamil para fines de salud pública. Aunque en el pasado se construyó un hospital en este lugar, actualmente funciona como oficinas, dejando en evidencia la necesidad de redirigir su uso en beneficio de la población.
Este es el momento de que el gobernador y el alcalde retomen el diálogo, dejen de lado las diferencias y prioricen el progreso de Huánuco. Expropiar la propiedad para la Diresa sería un paso lógico y necesario, pero requiere el compromiso y la voluntad política de quienes lideran la región. Es hora de que se pongan la camiseta de Huánuco y trabajen por su gente, no por intereses personales o políticos.
