El Congreso de la República está evaluando un proyecto de ley que busca proteger a los usuarios de billeteras digitales como Yape, Plin, Tunki, Agora PAY y BIM, permitiendo que recuperen el dinero transferido por error. Según el Proyecto de Ley N° 10057/2024-CR, presentado por el congresista Flavio Cruz (Perú Libre), las entidades financieras estarían obligadas a reintegrar los montos enviados por equivocación a través de estas plataformas. Esto implicaría modificar la Ley N° 29985, que regula las características básicas del dinero electrónico, añadiendo un artículo que establezca este mecanismo de devolución.
El objetivo, según el texto legislativo, es «proteger al consumidor» frente a errores humanos en el uso de estas tecnologías, cuyo auge ha facilitado el comercio diario en el Perú, pero también ha incrementado la frecuencia de equivocaciones en las transferencias. No obstante, esta iniciativa deberá pasar por el análisis de las comisiones del Congreso antes de ser debatida en el Pleno.
La viabilidad de la propuesta bajo cuestionamiento
A pesar de sus buenas intenciones, el proyecto ha recibido críticas desde el ámbito financiero. Arturo García, docente de Finanzas en ESAN, sostiene que esta medida «no es viable» y podría atentar contra el orden del sistema financiero. Según García, los bancos actualmente notifican a los receptores de transferencias erradas, pero no tienen la facultad de intervenir directamente en sus cuentas para devolver el dinero, ya que hacerlo requeriría el consentimiento del receptor.
García advierte que imponer a los bancos esta responsabilidad generaría riesgos legales y operativos, además de contradecir el principio de que las transferencias realizadas son irrevocables una vez procesadas.
Preocupaciones sobre un posible «caos operativo»
Walter Eyzaguirre, experto en Finanzas, también mostró su escepticismo sobre la propuesta, señalando que su implementación podría ocasionar un «caos operativo» para los bancos detrás de estas billeteras digitales. Según Eyzaguirre, esta ley podría ser mal utilizada por algunos usuarios que aleguen transferencias erradas sin pruebas suficientes, lo que saturaría los canales de reclamo de las entidades financieras.
Asimismo, mencionó que el manejo de casos relacionados con estafas sería un desafío adicional. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) tendría que establecer reglas claras para distinguir entre errores genuinos y fraudes, pero la eficacia de estas normas dependerá, en gran medida, de la buena fe de los usuarios.
Por ahora, el debate sigue abierto, con posiciones encontradas entre quienes apoyan la protección al consumidor y quienes temen un impacto negativo en el sistema financiero.
