La reciente derogación y posterior intento de reintroducción de la figura legal de la detención preliminar ha generado una ola de críticas tanto en el ámbito político como académico. Este mecanismo, que permite a los jueces ordenar el arresto temporal de sospechosos para prevenir su fuga o garantizar diligencias urgentes, ha sido considerado vital en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción. Sin embargo, su eliminación y el manejo político del tema han provocado cuestionamientos sobre la gestión del Congreso y del Ejecutivo. Según Mauricio Muñoz para La República.
En entrevista con La República, cuatro especialistas en derecho y ciencias sociales analizaron las implicancias de esta medida y su impacto en la seguridad pública y la administración de justicia.
Rubén Vargas Céspedes, exministro del Interior: “Eliminar la detención preliminar equivale a amputar las manos de fiscales y policías”
El exministro del Interior, Rubén Vargas Céspedes, fue contundente en su crítica al Congreso y al Gobierno, asegurando que ambos han favorecido indirectamente a las organizaciones criminales con estas medidas. “Estamos enfrentando el mayor auge de criminalidad en nuestra historia republicana. El Gobierno y el Congreso se han convertido en parte del problema. Ambos poderes han aprobado y promulgado un paquete de leyes que benefician directamente a las organizaciones criminales,” señaló Vargas.
El especialista destacó que herramientas como la detención preliminar son esenciales para operaciones de inteligencia y megaoperativos contra estructuras criminales. “Sin esta herramienta, las estructuras criminales se sienten empoderadas. Por ejemplo, casos como el de ‘El Monstruo’, responsable de extorsiones y asesinatos en Lima, no podrían ser enfrentados eficazmente,” advirtió.
Además, Vargas recordó que en los primeros días del año ya se han registrado cerca de 80 asesinatos, atentados contra torres eléctricas y ataques armados en vehículos de transporte público, lo que refleja la escalada de violencia en el país.
Martín Ueda, director académico de la Asociación Leviatán: “El poder central busca influir en cuestiones judiciales”
Para el académico Martín Ueda, el problema no radica únicamente en la eliminación de la detención preliminar, sino en la constante instrumentalización del poder judicial por parte de actores políticos. “El poder central ha acumulado múltiples atribuciones que socavan la barrera institucional del Estado de Derecho,” señaló.
Ueda argumentó que las decisiones del Congreso y el Ejecutivo no obedecen a criterios técnicos, sino a intereses particulares. “Existe una intención constante por parte de actores políticos de salvaguardar intereses individuales desde sus posiciones de poder. Esto afecta negativamente los procesos judiciales y la percepción ciudadana de la justicia,” explicó.
El especialista también destacó que estas decisiones retrasan la construcción de un proyecto de país en un contexto de creciente desaprobación hacia las instituciones democráticas.
Juan Jiménez Mayor, exministro de Justicia: “Con 3% de popularidad, el gobierno cree que puede hacer cualquier cosa”
El exministro de Justicia y exprimer ministro Juan Jiménez Mayor criticó duramente al Ejecutivo por su rol en la promulgación de estas normas. “Este gobierno no enfrenta los problemas que agobian a los peruanos; actúa en función de sus propios intereses y los de sus aliados en el Congreso,” afirmó.
Jiménez recordó que la ley que limita la detención preliminar fue aprobada con 94 votos de bancadas como Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular, y que el Ejecutivo no hizo nada por detenerla. “Pese a conocer la iniciativa, no la evitó ni la observó, sino que la promulgó. Un gobierno comprometido con enfrentar el crimen habría frenado esta norma que perjudica a la población,” sentenció.
El exministro también acusó al gobierno de actuar de manera indiferente frente a la opinión pública. “Con apenas un 3% de aprobación, este gobierno actúa sin escrúpulos, priorizando su supervivencia política mientras la delincuencia continúa cobrando vidas,” agregó.
José Ugaz, exprocurador anticorrupción: “Han expresado una voluntad de curarse en impunidad”
Para el exprocurador anticorrupción José Ugaz, las decisiones recientes del Congreso y el Ejecutivo reflejan una intención deliberada de protegerse de futuras investigaciones. “En una actitud cuestionable, el Congreso utilizó una modificación destinada a evitar la detención de policías en el ejercicio de sus funciones para eliminar, de manera encubierta, la detención preliminar sin flagrancia,” señaló.
Ugaz explicó que esta figura es clave para garantizar diligencias urgentes en investigaciones complejas, especialmente en casos de corrupción y crimen organizado. Sin embargo, las recientes modificaciones limitan su aplicación a delitos graves con penas superiores a ocho años, excluyendo casos como peculado, lavado de activos, minería ilegal, tortura y desaparición forzada.
“Es evidente que su intención no es curarse en salud, sino en impunidad,” afirmó, añadiendo que la demora del Ejecutivo en devolver la norma al Congreso permitirá que su restitución no se materialice hasta marzo.
Impacto de las modificaciones legales
La eliminación y posterior restitución de la detención preliminar han dejado un vacío legal que, según los especialistas, está siendo aprovechado por organizaciones criminales y actores involucrados en delitos de corrupción.
Rubén Vargas resaltó que, sin esta herramienta, fiscales y policías enfrentan limitaciones severas para garantizar el éxito de investigaciones y operativos. Por su parte, Jiménez Mayor advirtió que las decisiones del Congreso y el Ejecutivo reflejan una falta de compromiso para abordar los problemas de seguridad y justicia en el país.
Conclusión
El manejo político y judicial de la figura de la detención preliminar ha evidenciado una crisis en la administración de justicia en el Perú. Las decisiones del Congreso y el Ejecutivo no solo han debilitado herramientas clave para enfrentar el crimen organizado, sino que también han generado desconfianza en la ciudadanía hacia las instituciones democráticas.
En un contexto de creciente criminalidad y descontento social, especialistas coinciden en que es necesario un enfoque más técnico y menos politizado para garantizar la seguridad pública y fortalecer el Estado de Derecho.
