El Juzgado de Investigación Preparatoria de Ambo dictó prisión preventiva de 12 meses para Cirilo Martínez Ortega y comparecencia con restricciones para Gisela Yovana Cajas Aranda, ambos propietarios y administradores del local “Las Ricas”, ubicado en el Barrio Isco, provincia de Ambo, Huánuco.
La Fiscalía Especializada en Trata de Personas, a cargo del fiscal Walter Alvarado Mendieta, presentó pruebas contundentes que señalan a los acusados como presuntos responsables de los delitos de trata de personas agravada y favorecimiento a la prostitución, en perjuicio de 10 mujeres.
Intervención reveladora
El caso se originó tras una intervención realizada el pasado 12 de enero de 2025 en el local, el cual operaba bajo la fachada de un negocio de venta y consumo de bebidas alcohólicas con licencia municipal. Sin embargo, las investigaciones confirmaron que en el establecimiento se explotaba sexualmente a mujeres.
Durante la operación, se hallaron cinco habitaciones: cuatro de ellas eran utilizadas como cuartos y una como cocina. En una de las habitaciones se encontraron preservativos y otros elementos relacionados con actividades sexuales.
Según el Ministerio Público, las agraviadas eran contratadas para realizar servicios de acompañamiento a los clientes, bailar y usar vestimenta sugestiva, participar en tocamientos indebidos y relaciones sexuales.
Estas actividades eran organizadas por los acusados, quienes utilizaban el local como centro de explotación clandestina, encubierto por la apariencia de un bar legítimo.
Justicia en proceso
El Ministerio Público justificó la necesidad de prisión preventiva para Martínez Ortega al considerarlo un peligro procesal, mientras que Cajas Aranda deberá cumplir restricciones durante el proceso penal.
La Fiscalía continúa las investigaciones para esclarecer completamente los hechos y garantizar que ambos enfrenten la justicia.
Lucha contra la explotación
Este caso evidencia la importancia de fortalecer los controles en establecimientos comerciales y sancionar severamente a quienes explotan a personas vulnerables. Las autoridades reafirman su compromiso en la lucha contra la trata de personas y el proxenetismo, delitos que afectan gravemente la dignidad humana.
