En un operativo conjunto entre agentes de la Policía Anticorrupción y el Ministerio Público, se detuvo a dos suboficiales de la Comisaría de Cayhuayna, identificados como Figueroa y Palomares, acusados de presuntamente exigir un soborno de 300 soles a un conductor que habría estado al volante bajo los efectos del alcohol.
La intervención ocurrió el pasado 20 de enero, pero solo fue confirmada recientemente gracias a fuentes cercanas al caso. Según el testimonio del denunciante, los efectivos policiales habrían solicitado el dinero a cambio de no iniciar un proceso en su contra ni sancionarlo por conducir en estado de ebriedad.
El caso, que ha generado indignación, es tratado con hermetismo por las autoridades, mientras continúan las diligencias para esclarecer los hechos. La fiscalía ha iniciado una investigación preliminar por el presunto delito de cohecho pasivo propio, una falta grave que podría derivar en la destitución y sanciones penales para los involucrados en caso de confirmarse su culpabilidad.
Lucha contra la corrupción en la Policía
La detención de los suboficiales ocurre en un contexto donde la Policía Nacional del Perú (PNP) busca recuperar la confianza ciudadana mediante la implementación de operativos anticorrupción. El caso de Cayhuayna pone nuevamente en debate la necesidad de fortalecer la vigilancia y el control interno en las comisarías, especialmente en temas relacionados con sobornos y conductas indebidas.
Consecuencias legales
De ser hallados culpables, los implicados enfrentarían penas de hasta ocho años de prisión, según el Código Penal peruano, además de ser separados de la institución. Este tipo de casos afecta gravemente la imagen de la PNP y plantea cuestionamientos sobre los mecanismos de control interno en las comisarías del país.
