El expresidente Donald Trump firmó este lunes una controvertida orden ejecutiva destinada a negar la ciudadanía estadounidense a los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en territorio estadounidense. Esta medida, que busca reinterpretar la Enmienda 14 de la Constitución, enfrenta fuertes cuestionamientos legales y políticos.
Redefiniendo la ciudadanía
La Enmienda 14, aprobada en 1868, establece que cualquier persona nacida en suelo estadounidense obtiene automáticamente la ciudadanía, sin importar el estatus migratorio de sus padres. La orden ejecutiva firmada por Trump pretende modificar esta interpretación, limitando la ciudadanía únicamente a los hijos de ciudadanos estadounidenses o residentes legales permanentes.
Según declaraciones de un portavoz del equipo de Trump, esta restricción aplicaría solo a los nacimientos futuros. De implementarse, los niños nacidos de padres indocumentados no serían reconocidos como ciudadanos, lo que les negaría acceso a derechos fundamentales como la obtención de pasaportes, seguridad social y la posibilidad de trabajar legalmente en el país.
Un desafío a la Constitución
Eliminar la ciudadanía por nacimiento ha sido una exigencia recurrente de sectores conservadores. Trump ya había explorado esta posibilidad durante su primer mandato, pero no llegó a materializarla. Sin embargo, los expertos advierten que la medida podría ser inconstitucional y enfrentará importantes retos legales.
“El Tribunal Supremo no ha emitido un fallo definitivo sobre esta cuestión en la era moderna”, señala un informe del Servicio de Investigación del Congreso de 2018. Según los analistas, modificar la interpretación de la Enmienda 14 requeriría un proceso legislativo complejo, incluyendo la aprobación de una nueva enmienda constitucional por dos tercios del Congreso y la ratificación de tres cuartas partes de los estados.
Impacto y controversias
Aunque no se dispone de cifras exactas, un informe del centro de investigación Pew estima que en 2022 había 1,3 millones de adultos nacidos en EE.UU. cuyos padres carecían de estatus legal. De implementarse esta medida, las consecuencias afectarían profundamente a una parte significativa de la población, limitando su acceso a derechos esenciales.
El anuncio ha generado críticas de grupos de derechos civiles y expertos constitucionales, quienes consideran que la orden es una violación directa de los principios fundamentales establecidos en la Constitución. Además, anticipan que la medida será bloqueada en los tribunales antes de entrar en vigor.
Mientras tanto, el futuro de la ciudadanía por nacimiento, un derecho que ha definido a Estados Unidos durante más de 150 años, se encuentra bajo intenso debate.
