El atentado ocurrido en Trujillo, en el norte del Perú, la madrugada del 20 de enero, ha conmocionado a la ciudadanía y desatado una serie de reacciones en el ámbito político. Un artefacto explosivo detonado frente a la sede del Ministerio Público ha generado un clima de tensión y preocupación, tanto por los daños materiales causados como por las implicaciones que este acto podría tener sobre la seguridad en el país. En medio de la incertidumbre, el congresista de Renovación Popular, Diego Bazán, ha calificado el ataque como un “atentado terrorista” y lo ha comparado con el trágico atentado de Tarata ocurrido en 1992, durante la época más violenta del conflicto interno en el Perú. En sus redes sociales, Bazán expresó: “¡Nos recuerda a Tarata!”, una comparación que subraya la magnitud y la gravedad del hecho.
El parlamentario, visiblemente alarmado, no tardó en exigir al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, que se traslade de inmediato a Trujillo para ofrecer respuestas claras sobre la situación. Según Bazán, si el ministro no presenta un plan de acción efectivo en las próximas horas, impulsará un proceso de censura en su contra en el Congreso. “De no presentar un plan de acción, promoveré su censura de inmediato”, afirmó el congresista. Además, Bazán instó a la Fiscalía a tomar medidas más estrictas contra aquellos funcionarios que, según él, permiten la liberación de delincuentes que actúan impunemente en el país.
La explosión ocurrió durante las primeras horas de la mañana, dejando daños considerables en los alrededores. La sede del Ministerio Público sufrió importantes destrozos, como la rotura de ventanas y la destrucción parcial del enrejado de la entidad. Un restaurante cercano también fue afectado por la onda expansiva, al igual que las instalaciones de la Universidad Nacional de Trujillo, cuyos salones y vidrios se vieron gravemente dañados. “Los vecinos resultaron afectados por el fuerte estruendo que sonó en la madrugada”, relató un periodista de América Televisión. A su vez, varios vehículos estacionados cerca de la zona también fueron destruidos.
Aunque las primeras investigaciones apuntan a que un individuo en motocicleta fue el responsable de dejar el artefacto explosivo, aún no se ha confirmado su identidad ni el posible vínculo con organizaciones criminales o terroristas. La Policía Nacional y el Ministerio Público continúan trabajando en la recolección de pruebas y en la identificación de los responsables. “Las primeras informaciones señalan que un sujeto a bordo de una moto dejó la carga explosiva”, indicó la fuente.
La falta de respuesta de las autoridades hasta el momento ha causado inquietud. Ocho horas después del atentado, ni la presidencia de Perú ni el Ministerio del Interior se habían pronunciado oficialmente sobre lo sucedido. La ausencia de una declaración oficial genera incertidumbre y desconfianza entre la población, que exige una respuesta inmediata ante el creciente clima de inseguridad.
El recuerdo de Tarata
Para entender la magnitud de la preocupación generada por este atentado en Trujillo, es necesario recordar el ataque ocurrido el 16 de julio de 1992, en el distrito de Miraflores, en Lima. El atentado de Tarata, perpetrado por Sendero Luminoso, se mantuvo como uno de los actos más brutales y trágicos durante el conflicto interno en Perú. En aquel ataque, dos coches bomba, cargados con más de 400 kilos de explosivos, fueron detonados en una zona residencial y comercial de clase media-alta en Miraflores, lo que causó una devastadora explosión.
El atentado de Tarata dejó 25 muertos, más de 200 heridos y una gran cantidad de daños materiales. “Las bombas fueron colocadas en la calle Tarata, una zona residencial y comercial de clase media-alta, causando una devastadora explosión”, recuerda la historia. El ataque no fue dirigido específicamente contra personas, sino que tenía como objetivo sembrar el terror entre la población urbana de Lima, como parte de la estrategia del grupo terrorista Sendero Luminoso.
Este atentado representó un punto de inflexión en la guerra interna del país, ya que hasta ese momento, los enfrentamientos con grupos terroristas como Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) se concentraban principalmente en áreas rurales. La masacre en Tarata evidenció que los grupos terroristas habían logrado infiltrarse en la capital y estaban dispuestos a extender su violencia a zonas urbanas. La reacción de la sociedad peruana fue de indignación, y la captura de Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso, en septiembre de 1992, debilitó significativamente a la organización terrorista.
El atentado de Tarata dejó una huella imborrable en la memoria colectiva del país. Año tras año, las víctimas son recordadas y se reflexiona sobre los costos humanos y materiales de este período oscuro en la historia reciente de Perú. En este contexto, Diego Bazán y muchos peruanos temen que el atentado en Trujillo sea solo un indicio de una posible reactivación de la violencia terrorista en el país.
¿Vuelta a la violencia terrorista?
El atentado de Trujillo ha puesto en evidencia la fragilidad de la seguridad en varias regiones del Perú, donde los grupos criminales y organizaciones terroristas aún tienen presencia. Si bien no se ha confirmado si el ataque está vinculado a una organización terrorista, como Sendero Luminoso, la situación ha hecho que muchos peruanos recuerden el impacto que tuvo el conflicto interno en el país, especialmente el atentado de Tarata. El hecho de que el ataque haya sido perpetrado con un explosivo de grandes dimensiones en una zona urbana y en un momento de gran afluencia, lo hace semejante a las tácticas utilizadas por los grupos terroristas durante los años de violencia política.
Los congresistas y autoridades locales han expresado su preocupación ante la falta de una estrategia clara para prevenir estos ataques y enfrentar a las organizaciones criminales. Para muchos, la comparación con Tarata no es solo un ejercicio de memoria histórica, sino un llamado urgente a tomar medidas concretas y contundentes frente a la amenaza del terrorismo y el crimen organizado.
La incertidumbre sobre los responsables de este atentado también resalta una realidad inquietante: la falta de eficacia de las instituciones encargadas de velar por la seguridad del país. La ciudadanía está cada vez más desconcertada por la falta de acción de las autoridades, quienes no se han pronunciado de manera contundente sobre el tema. El llamado a una respuesta clara por parte del Congreso y de Diego Bazán subraya la necesidad de una reacción rápida y eficaz frente a la violencia creciente en el país.
En este sentido, el Congreso podría desempeñar un papel crucial, no solo en la censura del ministro del Interior si no se toman las medidas necesarias, sino también en la creación de políticas públicas que aborden de manera efectiva la violencia relacionada con el terrorismo y el crimen organizado. La necesidad de una acción coordinada y eficaz entre las fuerzas de seguridad y el gobierno es más urgente que nunca.
El atentado de Trujillo, aunque no ha sido completamente esclarecido, ha generado un debate sobre la seguridad en el país y ha encendido alarmas sobre la posibilidad de un resurgimiento de tácticas terroristas que durante años sembraron el pánico en diversas regiones. Mientras tanto, las autoridades deben responder con hechos y no con palabras, para evitar que la violencia se apodere nuevamente de las calles peruanas.
