La violencia y la criminalidad organizada siguen cobrando fuerzas en diversas regiones del Perú, y uno de los últimos episodios que ha sacudido al país ocurrió en Trujillo, donde el Ministerio Público fue blanco de un atentado con dinamita. La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, señaló que este ataque está vinculado a la minería ilegal, un fenómeno que sigue ganando terreno y que se ha convertido en una de las principales amenazas para la seguridad en el país.
La explosión, que destrozó la sede del Ministerio Público en la ciudad norteña, dejó a un taxista herido y generó una ola de temor en los vecinos de la zona. Espinoza no tardó en reaccionar ante este grave hecho, exigiendo que se restituya la figura de la detención preliminar, una herramienta legal clave que le permitiría a las autoridades actuar con mayor eficacia frente a este tipo de ataques.
En declaraciones a Infobae, Espinoza fue clara en su mensaje: “Este tipo de hechos nos demuestra claramente la necesidad urgente de que se restituya en su versión original esta figura. Si nosotros en este momento, que ya pasó la flagrancia, encontramos presuntos responsables que admiten que se vinculan directamente con lo que ha ocurrido, no vamos a poder detenerlos”. La fiscal explicó que, debido a las reformas judiciales pasadas, las autoridades se ven imposibilitadas de actuar con rapidez para capturar a los responsables de los atentados.
La minería ilegal ha generado una ola de violencia y amenazas a lo largo del país. “Incluso pareciera que esto tiene total vinculación con lo que acaba de ocurrir. Esto no nos sorprende porque el Ministerio Público está trabajando a nivel nacional silenciosamente. Los fiscales están haciendo un buen trabajo y siguiendo las huellas de criminales de alta peligrosidad”, expresó Espinoza, aludiendo a las amenazas que han recibido los fiscales encargados de investigar este tipo de delitos. En este caso, se conoce que una fiscal local que lleva un caso relacionado con el crimen organizado había recibido amenazas previas al atentado.
Ante la gravedad de la situación, Espinoza indicó que viajaría a Trujillo para supervisar personalmente las investigaciones y coordinar con las autoridades locales para dar con los responsables del ataque. “En este momento estoy yendo al aeropuerto para ir y dirigir todas las diligencias. Ahora ya tenemos que investigar y dar con los responsables”, aseguró.
La explosión dejó importantes daños materiales. Las ventanas del Ministerio Público fueron destruidas, y los vidrios rotos provocaron heridas en la cabeza de un taxista que se encontraba en las inmediaciones. Aunque su vida no corría peligro, el incidente mostró la magnitud del atentado, que también afectó a los comercios cercanos. La Policía y el Ministerio del Interior activaron un operativo de aislamiento del área para recolectar pruebas y esclarecer los hechos.
El gobierno reaccionó rápidamente a través de un comunicado del Ministerio del Interior, en el que se calificó el ataque como un acto criminal diseñado para intimidar a las autoridades y a la ciudadanía. A pesar de esta amenaza, la policía ha garantizado que no dará un paso atrás y que intensificará sus operativos para capturar a los responsables. “Sin embargo, la Policía Nacional no va a retroceder y pondrá tras las rejas a todos los responsables”, aseguraron las autoridades en su pronunciamiento.
Como parte de la respuesta del gobierno, el Ministerio del Interior anunció el envío de 100 efectivos del Grupo Especial de Inteligencia Contra el Crimen Organizado (Grecco) y la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) para reforzar la seguridad en la zona. “Por disposición de la Presidenta de la República, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, en compañía del Alto Mando de la PNP, llegará hoy a la ciudad de Trujillo para anunciar la intensificación de medidas en materia de operatividad estratégica, inteligencia y presencia policial”, se indicó en el comunicado oficial.
El atentado en Trujillo pone de manifiesto la creciente amenaza de la minería ilegal en el país. Este delito no solo está asociado con el daño ambiental y la explotación de recursos naturales, sino que también ha incrementado los niveles de violencia y corrupción, afectando la seguridad de las comunidades y la efectividad de las instituciones encargadas de garantizar la justicia.
Por su parte, Espinoza también criticó la falta de respuesta por parte del gobierno en cuanto a la coordinación entre las autoridades locales y nacionales para enfrentar este fenómeno criminal. “¿Dónde está el Ministerio del Interior? Por favor, se han prometido muchas cosas, pero no me han llamado, nada. El señor [ministro del Interior] lamentablemente no ha dado respuesta”, cuestionó la fiscal, subrayando la necesidad de una acción más decisiva por parte de las autoridades.
En este contexto, la minería ilegal sigue siendo un tema central de preocupación en el país. Los grupos criminales dedicados a esta actividad ilícita no solo están involucrados en la destrucción de ecosistemas, sino que también se vinculan con otros delitos graves, como el narcotráfico, la trata de personas y el lavado de dinero. La explotación de minas informales ha generado una fuerte demanda de recursos, lo que ha propiciado la creación de mafias que, a su vez, han incrementado los niveles de violencia y de enfrentamientos con las autoridades.
El atentado en Trujillo es un recordatorio de que la lucha contra la minería ilegal y la criminalidad organizada requiere una respuesta contundente y coordinada entre todas las instituciones del Estado. La seguridad y la justicia no deben verse comprometidas ante la creciente amenaza de los grupos criminales, que operan con total impunidad en diversas regiones del país.
En resumen, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ha solicitado la restitución de la figura de la detención preliminar y un esfuerzo más coordinado entre las autoridades para abordar la violencia vinculada a la minería ilegal. La explosión en Trujillo es solo una muestra más de la creciente amenaza que representan los grupos criminales y su influencia en la política y la seguridad del país. Las autoridades deben tomar medidas urgentes para frenar este flagelo y proteger tanto a los fiscales como a la ciudadanía.
