La Policía Nacional del Perú (PNP) sigue enfrentando una situación crítica debido al aumento de la inseguridad en diversas zonas del país, especialmente en la ciudad capital. A raíz de las recientes olas de violencia, que incluyen balaceras, detonaciones de granadas, sicariato, atentados y otros casos alarmantes, el comandante general de la PNP, Víctor José Zanabria Angulo, ha señalado que no se descarta un nuevo estado de emergencia en Lima y otras regiones, como parte de las medidas para enfrentar la creciente criminalidad. Esta posible declaración de emergencia sería una medida que ya se había implementado en los últimos meses de 2024, y podría ser activada nuevamente dependiendo de cómo evolucione la situación. “Está latente, pero nosotros estamos atentos para rediseñar el aspecto constitucional de las limitaciones de derecho, para que se adecúen a las situaciones de la criminalidad actual que está afectando a nuestro país,” declaró Zanabria, haciendo énfasis en la necesidad de ajustarse a las nuevas realidades del crimen. Según Clara Giraldo para Infobae.
Las estrategias implementadas por la PNP en el pasado han mostrado resultados positivos, según indicó el comandante. A pesar de los desafíos que persisten, como el aumento de los homicidios y los actos violentos, las autoridades confían en que un reforzamiento de la presencia policial en las calles y la contratación de más agentes especializados en investigación criminal podría contribuir significativamente a frenar los índices de delincuencia. Para esto, se busca rediseñar y ampliar las acciones de seguridad, como la compra de franco del personal policial y el incremento de la dotación de efectivos. “Estamos tomando medidas que ya se han implementado anteriormente y funcionaron,” señaló el general Zanabria, reiterando la importancia de trabajar de manera conjunta con los municipios locales y las fuerzas de seguridad, como los serenos, para crear un frente común contra el crimen.
La ola de violencia y sus cifras alarmantes
En lo que va de 2025, las cifras de criminalidad han puesto en evidencia la grave situación de seguridad en el país. Según los datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), se han registrado 81 homicidios en los primeros 16 días de enero, una cifra preocupante que refleja la violencia que azota varias ciudades. Lima, como era de esperar, lidera la lista de regiones con mayor cantidad de homicidios, con 21 muertes violentas en tan solo las primeras semanas del año. El Callao, una provincia constitucional con una historia de altos índices de criminalidad, ocupa el segundo lugar con 8 homicidios registrados en este mismo período.
Este panorama ha generado preocupación en las autoridades y la población, ya que la inseguridad no solo afecta a la capital, sino también a otras regiones. “En comparación con el año pasado, las cifras de homicidios se mantienen casi igual. Sin embargo, esto no puede seguir así, porque cada vida que se pierde representa una tragedia y una falla del sistema de seguridad,” indicó el coronel de la PNP, minimizando las estadísticas en un intento por dar un mensaje de optimismo respecto a la respuesta de las fuerzas del orden. A pesar de la continuidad de los crímenes violentos, las autoridades se mantienen firmes en su compromiso de erradicar la delincuencia.
Además de los homicidios, la Policía Nacional también ha reportado otros delitos de alto impacto, como robos, extorsiones y actos de terrorismo. El accionar del crimen organizado y los grupos delictivos, como las bandas de sicarios, sigue siendo un desafío para las fuerzas de seguridad, lo que genera un escenario complejo para la lucha contra la criminalidad.
Propuestas para fortalecer la seguridad
Dentro de las estrategias para contrarrestar la violencia, el comandante general Zanabria destacó la necesidad de trabajar más estrechamente con las autoridades locales, como los municipios y serenos, quienes desempeñan un papel clave en la vigilancia y seguridad en barrios y distritos. Sin embargo, enfatizó que la principal herramienta para combatir la delincuencia sigue siendo la presencia de efectivos policiales en las calles y en zonas críticas. A ello se suma la urgencia de fortalecer las capacidades operativas de la Policía, que incluyen la contratación de más agentes especializados en investigación criminal.
En este sentido, uno de los principales objetivos es atacar los puntos focales de la delincuencia. “Es fundamental tener presencia donde más se necesita, en los puntos focales de las actividades delictivas, para interceptar y neutralizar a los criminales antes de que causen más daño,” agregó Zanabria, resaltando la importancia de una estrategia efectiva y focalizada en la prevención del crimen. Sin embargo, para que este plan tenga éxito, también se necesita contar con una mayor capacitación y recursos para los efectivos policiales, que deben estar preparados para afrontar los diversos tipos de crimen que se han incrementado en los últimos tiempos.
Por otro lado, el comandante general también se refirió a la necesidad de reformas en el sistema judicial, que considera que debe ser más eficiente. En particular, planteó que se debe derogar la ley de detención preliminar con flagrancia. Según Zanabria, muchas veces los criminales son detenidos y, debido a las limitaciones legales, liberados rápidamente, lo que genera impunidad y deja a los ciudadanos desprotegidos. “No es posible que detengamos a criminales con requerimientos judiciales y que salgan libres por un exceso de carcelería. Nuestro sistema judicial no está funcionando como debería,” afirmó, haciendo un llamado a fortalecer las leyes y procedimientos judiciales para asegurar que los delincuentes sean procesados de manera efectiva y no reincidan en sus delitos.
Medidas adicionales: Reforzamiento de la policía y colaboración con el Ejército
Ante la creciente violencia, el gobierno peruano ha comenzado a tomar medidas más drásticas. El ministro del Interior, Juan José Santivañez, destacó el plan de control territorial como una de las principales acciones para enfrentar la criminalidad en 2025. Este plan incluye el despliegue de 1.000 efectivos adicionales de la Policía Nacional, así como un incremento de los fondos destinados a inteligencia para mejorar las operaciones de las fuerzas del orden. “Es necesario que se desarrolle de manera inmediata el plan de asimilación de 1.500 nuevos policías, que ya no necesitarán formación en armamento, sino en la legislación policial,” indicó Santivañez, refiriéndose a un plan que permitirá contar con nuevos agentes capacitados en un plazo corto, para hacer frente a la inseguridad de forma más efectiva.
Además, el Ministro precisó que se incrementarán en un 30 % los costos de inteligencia, para permitir que la PNP cuente con los recursos necesarios para implementar medidas de seguridad más eficientes. Estas acciones son parte de una estrategia integral que busca reducir los índices de criminalidad en todo el país.
La posibilidad de declarar un nuevo estado de emergencia, como lo mencionó la presidenta Dina Boluarte, sigue siendo una opción que está sobre la mesa. La jefa de Estado dejó abierta la puerta para tomar esta decisión si la situación de inseguridad lo requiere, especialmente en los distritos más afectados por la violencia.
