La situación del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, continúa generando controversia tras su negativa de entregar los accesos a su cuenta de iCloud, en el marco de la investigación por presunto abuso de autoridad. Este caso, que involucra denuncias de represalias contra miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) y una supuesta vigilancia al periodista Marco Sifuentes, ha encendido un intenso debate sobre la transparencia y disposición del titular de esta cartera para colaborar con las autoridades.
“Si la fiscal quiere saber de mi vida, mejor que me cite y me pregunte, pero nunca a través de una solicitud de usuario y contraseña de iCloud”, declaró Santiváñez desde Arequipa en respuesta a las exigencias de la Fiscalía, quien solicitó acceso a su información como parte del proceso de investigación. Según Mariana Quilca Catacora para Infobae.
Entrega de celular formateado: ¿una burla a la justicia?
El conflicto se intensificó en noviembre de 2024, cuando el Ministerio Público acudió al despacho ministerial para que Santiváñez firmara un documento de autorización del levantamiento voluntario de su secreto de las comunicaciones. Según este acuerdo, el ministro se comprometió a entregar su dispositivo móvil, a fin de corroborar las conversaciones relacionadas con el capitán PNP Junior Izquierdo, conocido como ‘Culebra’.
A pesar de este compromiso, cuando el celular fue finalmente entregado, en diciembre de ese mismo año, los peritos de la Fiscalía se encontraron con un dispositivo completamente formateado, sin información almacenada, sin chip y sin rastro alguno de las comunicaciones prometidas.
“Él firmó un acta del levantamiento del secreto de las comunicaciones de forma voluntaria. Lo firmó el 22 de noviembre. Es más, personal de la Fiscalía de la Nación tuvo que ir al despacho ministerial para tomarle su firma porque él no tenía tiempo para acudir. Pero, cuando entregó el celular, era un equipo reseteado, sin chip, sin ninguna información”, denunció José Carlos Mejía, abogado del capitán Izquierdo, en declaraciones para Infobae Perú.
El abogado calificó este acto como una burla a la justicia: “¿Qué entregó de forma voluntaria? ¿Un equipo celular solo para que la Fiscalía lo vea por fuera y determine qué marca es? Esto es una burla”, afirmó.
Las sospechas detrás de los chats
La investigación contra Santiváñez se originó en mayo de 2024, cuando el capitán Junior Izquierdo entregó al Ministerio Público grabaciones y capturas de pantalla de conversaciones sostenidas con el ministro. En estos intercambios, Santiváñez habría manifestado sus ambiciones de convertirse en titular del Ministerio del Interior, mencionando estrategias que incluyeron la filtración de información sobre las investigaciones que comprometían al hermano de la presidenta Dina Boluarte, Nicanor Boluarte.
Además, en los chats entregados por Izquierdo, Santiváñez criticaba duramente el trabajo de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la PNP, advirtiendo a sus agentes sobre su eventual salida de la institución. Meses después, esta división fue desactivada y varios de sus miembros más destacados fueron pasados a retiro.
Aunque Santiváñez ha negado la veracidad de estas conversaciones, su comportamiento, incluyendo la entrega de un celular sin información, ha generado dudas sobre su disposición a colaborar con las investigaciones.
“Su actitud ha generado serias sospechas y ha retrasado el proceso. Si el ministro hubiera cumplido con su palabra, el caso estaría más avanzado”, enfatizó el abogado Mejía.
El origen del conflicto: “reglaje” y represalias
El caso de Santiváñez incluye graves denuncias, entre ellas, el presunto “reglaje” al periodista Marco Sifuentes y las represalias contra el capitán Izquierdo. Según las acusaciones, Santiváñez habría ordenado el monitoreo de Sifuentes por su labor periodística y habría tomado medidas en contra de Izquierdo tras una disputa interna en la PNP.
En este contexto, las grabaciones entregadas por Izquierdo al Ministerio Público son clave para esclarecer los hechos. Sin embargo, el tiempo perdido por la confianza que la Fiscalía depositó en el ministro al aceptar su “colaboración voluntaria” ha limitado el avance de las investigaciones.
La denuncia del capitán Izquierdo
El capitán Junior Izquierdo, conocido como ‘Culebra’, acudió en mayo de 2024 a la Fiscalía junto con su abogado para entregar la grabadora usada durante una reunión con Santiváñez. Según Izquierdo, esta grabadora contiene evidencia de las presiones y amenazas recibidas por parte del ministro.
Además, Izquierdo ha insistido en que su relación con Santiváñez pasó de ser una amistad a un conflicto abierto cuando decidió no participar en acciones irregulares solicitadas por el titular del Interior.
“Desde que me opuse a sus órdenes, mi carrera en la PNP empezó a ser cuestionada. No voy a callar frente a lo que considero abusos de autoridad”, sostuvo el capitán.
Reacciones del ministro
Desde Cusco, Santiváñez continuó rechazando las acusaciones y calificó las grabaciones y los chats presentados como falsos. “Las grabaciones son manipuladas, no tienen validez. Hay un interés claro de desprestigiarme, y el canal que las difundió está siendo utilizado para eso”, afirmó.
El ministro también cuestionó las acciones de la Fiscalía y defendió su decisión de no entregar los accesos a su cuenta de iCloud, argumentando que se trata de una medida invasiva.
“No voy a permitir que se vulnere mi privacidad de esa manera. La Fiscalía puede citarme y preguntarme directamente”, reiteró Santiváñez.
¿Qué está en juego?
La negativa del ministro del Interior a colaborar plenamente con las investigaciones pone en tela de juicio su compromiso con la transparencia y la justicia. Al no cumplir con lo estipulado en el acta de levantamiento de su secreto de comunicaciones, Santiváñez podría enfrentar consecuencias legales que compliquen aún más su situación.
El abogado de Izquierdo ha solicitado a la Fiscalía que actúe con mayor rigor y solicite una orden judicial para acceder al contenido del celular del ministro, ya que considera que el comportamiento de Santiváñez evidencia un intento de obstaculizar las investigaciones.
Por otro lado, este caso ha puesto bajo escrutinio no solo al ministro, sino también al gobierno en general, debido a las implicancias de las conversaciones filtradas sobre presuntos manejos políticos al más alto nivel.
