El Poder Judicial ha ratificado la condena de 10 años y 4 meses de prisión para el suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), Jhordy Renato Alca Arrelucea, de 27 años, por su participación en el delito de promoción y favorecimiento al tráfico ilícito de drogas. Según un informe de Luis Paucar para Infobae, este caso se remonta a julio de 2023, cuando el suboficial fue capturado durante un operativo en el que quedó implicado tras la intervención a un mototaxi que transportaba marihuana prensada en Chimbote.
De acuerdo con la nota difundida por la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Santa, los efectivos policiales encontraron más droga en el hotel donde el conductor del mototaxi se hospedaba. Durante los interrogatorios, el detenido reveló que la mercancía iba a ser entregada a Alca Arrelucea. Ante esta confesión, la Policía Antidrogas y la Fiscalía organizaron una celada que permitió la captura del suboficial, quien pertenecía a la Unidad de Turismo de la División Policial de Chimbote.
“La sentencia inicial fue apelada por la defensa de Alca Arrelucea, pero el tribunal confirmó la condena y ordenó su captura inmediata,” señala el informe judicial.
Un historial marcado por delitos
Este no es el primer incidente que involucra a Jhordy Renato Alca Arrelucea. En octubre de 2021, el suboficial fue detenido tras una persecución policial en la provincia de Virú, en La Libertad. En esa ocasión, viajaba como copiloto en una camioneta robada, que había sido sustraída meses antes durante un asalto a una empresaria.
“El suboficial se resistió a la detención e incluso chocó contra la unidad policial que lo perseguía,” declaró el general William Espinoza, entonces jefe de la Región Policial de Áncash. Tras el incidente, la PNP inició un proceso administrativo disciplinario en su contra, mientras que el Ministerio Público solicitó nueve meses de prisión preventiva.
Sin embargo, a pesar de este antecedente, Alca Arrelucea continuó en funciones hasta que fue capturado nuevamente en 2023 por su participación en el tráfico ilícito de drogas.
Crisis en la Policía Nacional
El caso de Alca Arrelucea es un ejemplo de los crecientes escándalos que afectan la imagen de la Policía Nacional del Perú. En los últimos años, la institución ha enfrentado un aumento en las denuncias por corrupción y delitos cometidos por sus propios miembros.
El comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, estimó que en 2024 serán dados de baja entre 1,200 y 1,500 efectivos por actos de corrupción, una cifra récord que supera los retiros de años anteriores, como los 990 efectivos en 2022 y los 1,030 en 2023.
“Estos casos de corrupción y delitos graves socavan la confianza pública en la institución. Sin embargo, es importante destacar que la mayoría de nuestros efectivos siguen cumpliendo con su deber de manera honesta y comprometida,” afirmó Zanabria en un reciente acto oficial.
Por su parte, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, denunció que la PNP es objeto de una campaña mediática que busca desprestigiar a la institución. “Los buenos son más y seguirán demostrando que llevan con orgullo el uniforme de la Policía Nacional del Perú para defender al país de cualquier flagelo que busque desestabilizar la sociedad,” expresó el ministro.
Medidas para reforzar la institución
Ante la crisis que enfrenta la PNP, el Congreso ha aprobado medidas para compensar económicamente a los efectivos que trabajen en sus días francos o vacaciones y para otorgarles un bono. Estas acciones buscan mejorar las condiciones laborales de los policías y reconocer su esfuerzo en la lucha contra el crimen.
Sin embargo, expertos señalan que estas medidas no serán suficientes si no se abordan las raíces de la corrupción dentro de la institución. “Es necesario implementar mecanismos más rigurosos de selección y supervisión, además de fortalecer los procesos de control interno para evitar que malos elementos sigan manchando la imagen de la Policía,” indicó un analista en seguridad consultado por Infobae.
El impacto de los delitos cometidos por policías
Los casos de policías implicados en delitos de alto impacto, como feminicidios, robos y narcotráfico, han generado un fuerte rechazo por parte de la ciudadanía. Según datos del Ministerio del Interior, durante 2024 se reportaron más de 1,500 denuncias contra efectivos policiales, muchas de las cuales están relacionadas con actos de corrupción y abuso de poder.
“Cada caso de corrupción o delito cometido por un policía no solo afecta a las víctimas directas, sino que también debilita la confianza de la población en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad,” advirtió un representante de una ONG de derechos humanos.
