El Poder Judicial declaró improcedente la orden de 36 meses de prisión preventiva que había sido dictada contra Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta de la República, Dina Boluarte, y otros investigados en el caso denominado ‘Los waykis en la sombra’. Según un análisis presentado por María Alejandra Gonzales para Infobae, esta decisión fue adoptada por la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, la cual consideró fundadas las apelaciones presentadas por los implicados.
Durante una entrevista con RPP Noticias, el congresista Guido Bellido, integrante de la bancada de Podemos Perú y ex presidente del Consejo de Ministros, criticó esta resolución y expresó su preocupación por el mal uso de la prisión preventiva en el sistema judicial peruano. Bellido señaló que la decisión del Poder Judicial podría responder a un trato privilegiado hacia el hermano de la mandataria o, por otro lado, evidenciaría la falta de fundamentos en la aplicación de esta medida cautelar.
“De ser correcta la prisión preventiva, debiera ser ratificada, y si se está desestimando es porque no se está actuando adecuadamente,” afirmó Bellido.
El caso ‘Los waykis en la sombra’ y las implicaciones
Este caso involucra a Nicanor Boluarte y a otros investigados acusados de liderar una presunta organización criminal. En noviembre de 2023, se dictó una orden de prisión preventiva por 36 meses contra los implicados. Sin embargo, la reciente resolución del Poder Judicial revocó dicha medida, generando un debate en torno a la imparcialidad de la justicia y la correcta aplicación de las herramientas legales en el país.
Según RPP Noticias, el ex prefecto de la región San Martín, Armando Villalobos Leyva, declaró ante la Fiscalía que la presidenta Dina Boluarte y su hermano eran conocidos como ‘La número 1’ y ‘El número 2’ dentro de esta presunta organización criminal.
Bellido enfatizó que la prisión preventiva no debe ser utilizada como una norma general, sino como una medida excepcional que esté plenamente sustentada. “Eso demuestra el poco argumento, sustento y presupuestos que se han mantenido para que se pueda dar la prisión preventiva,” agregó el legislador.
Críticas al sistema judicial
El congresista Bellido aprovechó la oportunidad para destacar una tendencia preocupante en el uso de la prisión preventiva en el Perú. Según el legislador, esta figura legal ha sido aplicada de manera excesiva y sin los debidos fundamentos en varios casos de alto perfil.
“La prisión preventiva no debe ser un mecanismo arbitrario. Es una herramienta importante, pero debe estar respaldada por pruebas sólidas y criterios objetivos,” subrayó Bellido.
La resolución del Poder Judicial también ha generado opiniones divididas en el ámbito político y social. Mientras algunos sectores ven en esta decisión un posible indicio de favoritismo hacia el hermano de la presidenta, otros consideran que refleja problemas estructurales en el sistema judicial peruano.
Reacciones políticas y debate nacional
Las declaraciones de Guido Bellido se producen en un contexto de creciente escrutinio hacia las decisiones judiciales en casos de relevancia política. Este caso específico ha reavivado el debate sobre la relación entre el poder político y el sistema judicial, así como sobre la independencia de las instituciones.
“El sistema judicial debe garantizar la imparcialidad y el respeto al debido proceso. Sin ello, se pone en riesgo la confianza de la ciudadanía en nuestras instituciones,” señaló un especialista en derecho penal consultado para este artículo.
La prisión preventiva, según el Código Procesal Penal peruano, debe ser utilizada como último recurso y únicamente cuando se demuestre que no existen otras medidas cautelares que puedan garantizar el desarrollo adecuado del proceso judicial. Sin embargo, en los últimos años, su aplicación excesiva ha sido motivo de críticas desde diversos sectores.
Una herramienta que genera controversias
El caso de Nicanor Boluarte no es un hecho aislado. La prisión preventiva ha sido objeto de cuestionamientos en múltiples procesos judiciales, especialmente aquellos relacionados con figuras políticas de alto perfil. Este caso pone nuevamente en evidencia los desafíos del sistema judicial peruano en cuanto a la correcta aplicación de medidas cautelares.
“La resolución de la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional marca un precedente importante, pero también evidencia la necesidad de reformas estructurales en nuestro sistema judicial,” concluyó el especialista.
Mientras tanto, la decisión del Poder Judicial ha dejado en suspenso el futuro de las investigaciones contra Boluarte y los demás implicados, reavivando las tensiones entre los poderes del Estado y la opinión pública.
Conclusión: más allá del caso específico
El debate sobre la prisión preventiva trasciende el caso de Nicanor Boluarte y plantea interrogantes fundamentales sobre el uso de esta medida en el sistema judicial peruano. Las declaraciones de Guido Bellido reflejan una preocupación legítima sobre la imparcialidad de la justicia y la necesidad de garantizar el respeto al debido proceso en todos los casos.
Por ahora, la decisión del Poder Judicial marca un giro significativo en el caso ‘Los waykis en la sombra’, mientras que el debate sobre la prisión preventiva y su correcta aplicación sigue siendo un tema central en el panorama político y judicial del país.
“La justicia no debe ser percibida como una herramienta política. Es fundamental que el Poder Judicial actúe con independencia y transparencia para preservar la confianza ciudadana en las instituciones,” concluyó Bellido en su intervención.
