La congresista de Avanza País, Diana González, ha presentado un proyecto de ley que busca restringir el acceso de los deudores alimentarios a eventos recreativos como conciertos y partidos de fútbol. Según Ricardo Mc Cubbin para Infobae, esta iniciativa pretende agregar los artículos 10, 11 y 12 a la Ley 28970, obligando a las plataformas de venta de entradas y organizadores a verificar si los compradores están inscritos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM).
De ser aprobada, la normativa exigirá a las empresas responsables de la venta de entradas solicitar periódicamente al Poder Judicial el listado actualizado de personas inscritas en el REDAM. Las actualizaciones deberán realizarse en marzo, junio, septiembre y diciembre, según establece el proyecto, con el fin de evitar que los deudores accedan a estos servicios.
“El hecho de que los infractores puedan seguir participando libremente en actividades recreativas refleja una brecha en la ejecución de las medidas coercitivas y sancionatorias previstas por la legislación vigente”, explicó Diana González.
Detalles del proyecto de ley
El proyecto plantea que las empresas que no cumplan con esta normativa incurrirán en infracciones, lo que incluiría:
- No solicitar al Poder Judicial el listado de deudores inscritos en el REDAM.
- No implementar un mecanismo en sus plataformas para verificar si el comprador es un deudor alimentario.
- Vender entradas a personas inscritas en el REDAM durante el periodo de actualización obligatoria.
Diana González justificó la medida al señalar que “la inscripción en el REDAM no constituye un elemento suficientemente disuasorio, ya que no limita de manera concreta el acceso a bienes o servicios que no son esenciales para la subsistencia del deudor”. Según la parlamentaria, es necesario equilibrar el derecho al disfrute del tiempo libre con la obligación legal y moral de garantizar el bienestar de los hijos.
Entre los coautores de la propuesta figuran los congresistas Alejandro Cavero, Karol Paredes, Edward Málaga, José Williams y Rosselli Amuruz, quienes respaldan la medida como una herramienta para fortalecer las sanciones contra los deudores.
El incremento de los deudores alimentarios en Perú
El número de personas inscritas en el REDAM ha mostrado un crecimiento preocupante en los últimos años. Según el Poder Judicial, en 2019 se registraron 794 casos, cifra que ascendió a 3,073 en 2023, marcando un aumento exponencial. Los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre son los periodos donde se registran más demandas.
“Cada día se presentan, en promedio, ocho demandas contra padres que incumplen con el pago de la pensión alimenticia”, señala un informe de Latina Noticias.
El impacto de esta problemática recae principalmente en las madres, quienes suelen iniciar los procesos legales para garantizar el cumplimiento de las pensiones. Estas demandas implican largos y complejos procedimientos judiciales, lo que muchas veces dificulta el acceso oportuno a los recursos necesarios para la manutención de los menores.
REDAM: Una herramienta contra la evasión de responsabilidades
El Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) fue creado en 2007 como una medida para combatir el incumplimiento de las pensiones alimenticias. Además de visibilizar a los deudores, impone restricciones legales y sociales significativas, como la imposibilidad de:
- Contratar con el Estado.
- Postular a cargos públicos.
- Realizar determinados trámites legales.
El incumplimiento de las obligaciones alimentarias puede derivar en sanciones más severas, incluyendo el riesgo de prisión.
El sistema REDAM no es exclusivo de Perú. Países como México, Chile y Colombia también han implementado mecanismos similares para enfrentar esta problemática, reflejando una tendencia regional de aumentar las restricciones a quienes incumplen con sus responsabilidades parentales.
Impacto social y discusión en el Congreso
La propuesta de restringir el acceso a eventos recreativos para los deudores alimentarios ha generado debate. Mientras algunos sectores consideran que la medida es un paso necesario para reforzar las sanciones y garantizar la manutención de los menores, otros advierten sobre posibles complicaciones en la implementación práctica de la norma.
Por ejemplo, las empresas de venta de entradas deberán desarrollar plataformas tecnológicas que permitan verificar en tiempo real si los compradores están inscritos en el REDAM. Este proceso implicará costos adicionales para las compañías, lo que podría traducirse en un impacto económico.
Además, algunos críticos cuestionan si la medida es proporcional o si podría considerarse discriminatoria. Sin embargo, sus defensores argumentan que “la prioridad debe ser garantizar los derechos de los niños, quienes no pueden esperar mientras los deudores disfrutan de su tiempo libre”, como explicó uno de los coautores del proyecto.
Un paso más hacia la justicia social
La propuesta liderada por Diana González se enmarca en un esfuerzo más amplio por abordar la problemática de los deudores alimentarios en Perú. “Es fundamental que la sociedad comprenda que la manutención de los hijos no es opcional, sino una obligación moral y legal que debe ser priorizada”, enfatizó la congresista.
Si bien el REDAM ha sido una herramienta efectiva en ciertos aspectos, el aumento constante de deudores demuestra que aún hay mucho por hacer para fortalecer las sanciones y mejorar el cumplimiento de las pensiones alimenticias.
