El ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, enfrenta una compleja coyuntura política y legal tras ser investigado por presuntos delitos de obstrucción a la justicia y negociación incompatible relacionados con el caso Qali Warma. Según informó Infobae, el funcionario aún no ha tomado una decisión definitiva sobre su permanencia en el cargo, y dejó abierta la posibilidad de renunciar en los próximos días. Así lo destacó en una entrevista, como señaló Martín Tumay Soto, autor del informe.
“Por supuesto que lo estoy evaluando (dar un paso al costado). Hablaré con la presidenta para tomar una decisión. (Hablaré) con ella en el tiempo más corto y tomaré una decisión”, señaló Demartini en una entrevista concedida al programa Panorama de Panamericana Televisión.
Las acusaciones contra Demartini
La investigación de la Fiscalía se inició tras revelarse que Demartini presuntamente intentó contactar a una aspirante a colaboradora eficaz relacionada con el caso Qali Warma, donde se denunciaron irregularidades en la distribución de alimentos en mal estado. Además, se le acusa de haber mostrado un interés indebido en la contratación de una empresa vinculada a un programa social.
En diciembre pasado, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, había iniciado una investigación contra el ministro y la viceministra de Prestaciones Sociales, Jessica Niño de Guzmán, por delitos de omisión, rehusamiento y retraso en actos funcionales en perjuicio del Estado.
Ante estas acusaciones, Demartini respondió: “Es inaceptable verse involucrado en estas situaciones por dichos de terceros o, tal vez, por confabulaciones que deben ser investigadas. ¿A quién estoy perjudicando con todo lo que estoy haciendo? ¿A quién estoy incomodando con los cambios que estoy implementando en el programa?”
Demartini destacó que su labor en el Midis ha estado centrada en la reforma del programa Qali Warma, ahora denominado Wasi Mikuna. También aseguró que su nombramiento fue basado en méritos profesionales, no en decisiones políticas, y reafirmó su disposición de colaborar con la justicia: “He puesto a disposición toda la información necesaria para que se realicen las investigaciones correspondientes”.
El caso Qali Warma: una trama de corrupción
La Fiscalía ha solicitado seis meses de impedimento de salida del país para 12 personas investigadas por presuntos vínculos con una organización criminal que distribuyó conservas bajo la marca Don Simón a Qali Warma. Entre los implicados se encuentran Fredy Hinojosa, vocero de la presidenta Dina Boluarte, así como varios empresarios y funcionarios.
Un informe de Latina reveló que un supuesto allegado a la presidenta habría ofrecido trabajo a una testigo del caso para influir en sus declaraciones. Sin embargo, la Presidencia negó categóricamente cualquier vínculo con esta persona y calificó las acusaciones como “tendenciosas”. “La señora presidenta de la República no tuvo ni tiene ninguna relación amical y/o contractual con el señor Carlos Roder Guillén Anchayhua”, afirmó un comunicado oficial.
Boluarte y las repercusiones políticas
El caso también ha salpicado a la presidenta Dina Boluarte. Aunque ella ha negado toda relación con los implicados, las acusaciones han intensificado la presión política. La imagen pública del gobierno se ha visto afectada tras conocerse que el propietario de Frigoinca, empresa involucrada en el caso, fue hallado muerto en un hotel de Lima en diciembre.
Boluarte ha defendido la transparencia de su gestión y subrayó que las investigaciones deben continuar sin interferencias. No obstante, sectores de la oposición han aprovechado la situación para exigir explicaciones más claras del Ejecutivo.
Crisis y desafíos para el Midis
La investigación contra Demartini ocurre en un contexto delicado para el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, un organismo clave en la lucha contra la pobreza y la desigualdad en el Perú. El programa Wasi Mikuna, que sustituyó a Qali Warma, busca garantizar la alimentación de los niños en situación de vulnerabilidad, pero su reputación ha sido empañada por las denuncias de corrupción.
A pesar de las críticas, el ministro enfatizó que su prioridad sigue siendo el bienestar de los niños: “Tengo que seguir adelante porque eso es lo que los niños del Perú se merecen”, concluyó.
