La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ha sido una figura central en los últimos meses debido a sus decisiones polémicas en el Ministerio Público. Desde que asumió el cargo en mayo de 2024, Espinoza ha implementado una serie de cambios que han generado opiniones divididas dentro del entorno judicial y político del país. Segun Luis Paucar para Infobae, entre sus medidas más significativas, destaca la remoción de Jorge Chávez Cotrina, quien ocupó durante más de una década la coordinación de la Fiscalía contra el Crimen Organizado (FECOR), así como la salida de Rafael Vela de la coordinación de la Fiscalía contra el Lavado de Activos. Estos cambios, junto con la unificación de varias fiscalías especializadas, han desencadenado un intenso debate sobre la dirección que tomará el Ministerio Público bajo su liderazgo.
La renovación de las fiscalías
Uno de los primeros y más impactantes movimientos de Espinoza fue la remoción de Chávez Cotrina, un fiscal altamente reconocido por su trabajo en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción. Su reemplazo fue Fanny Quispe, una fiscal cercana a Espinoza que ya ha estado involucrada en importantes casos como el escándalo de Comunicore, que reveló casos de corrupción y lavado de activos dentro de la Municipalidad de Lima. Quispe también estuvo vinculada a la investigación de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, una red de jueces y fiscales que traficaban sentencias a cambio de favores. La designación de Quispe como nueva coordinadora de la Fiscalía contra el Crimen Organizado fue vista por muchos como una señal de la intención de Espinoza de renovar y reestructurar las fiscalías especializadas.
“La unificación de esfuerzos es esencial para garantizar resultados efectivos en la persecución de estos delitos que afectan gravemente los derechos fundamentales y la seguridad del Estado”, destacó Espinoza en un comunicado oficial. En su resolución, la fiscal de la Nación también enfatizó la necesidad de enfoques integrales y coordinados, dada la estrecha relación entre los casos de crimen organizado, narcotráfico y lavado de activos. “Dicha circunstancia pone de manifiesto la necesidad de fortalecer estrategias en la investigación de estos delitos que tienen alta sensibilidad social”, agregó Espinoza, quien ha defendido las reformas como una respuesta a la creciente complejidad de los delitos que afectan a la sociedad peruana.
La reestructuración del Ministerio Público
Uno de los movimientos más controversiales de Espinoza fue la unificación de la Fiscalía contra el Lavado de Activos con las fiscalías anticorrupción y de extinción de dominio, bajo la dirección de Mirko Cano Gamero. Esta decisión ha sido interpretada como un intento por centralizar la lucha contra el crimen organizado y la corrupción en un solo organismo, lo que, según la fiscal, permitirá mayor eficacia en la persecución de estos delitos. No obstante, la reestructuración también ha generado críticas, especialmente de aquellos que consideran que la centralización de funciones podría generar conflictos de intereses y disminuir la autonomía de las diferentes fiscalías especializadas.
La creación de nuevos cargos y equipos
Otra medida relevante implementada por Espinoza fue la creación del cargo de vocero del Ministerio Público, que recayó en el exfiscal supremo Víctor Cubas. Esta designación ha sido vista por algunos como una manera de fortalecer la comunicación y transparencia del Ministerio Público, mientras que otros la consideran una maniobra política para mejorar la imagen de la institución ante la opinión pública.
Espinoza también reorganizó el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP), trasladándolo bajo la dependencia de la Fiscalía Anticorrupción. Esta reorganización resultó en la salida de Marita Barreto, quien había sido una figura clave en la lucha contra la corrupción y quien estuvo al frente del equipo especial en los casos más relevantes de los últimos años, como el caso Lava Jato. La decisión de remover a Barreto y sustituirla por el coordinador de la Fiscalía Anticorrupción ha generado gran controversia, ya que muchos consideran que esta medida debilita la lucha contra la corrupción en el país.
“Las decisiones tomadas hasta el momento apuntan a consolidar el poder dentro de un grupo reducido, lo que pone en riesgo la independencia de los fiscales encargados de las investigaciones más sensibles”, opinaron varios expertos en justicia y exfiscales, que temen que la concentración de poder pueda afectar la imparcialidad de las investigaciones.
Críticas políticas y reacciones
Las decisiones de Delia Espinoza no han estado exentas de críticas. Algunos sectores políticos y figuras del ámbito judicial han cuestionado sus reformas, tildándolas de arbitrarias y orientadas a “socavar la lucha contra la corrupción”. El excongresista Gino Costa fue uno de los primeros en expresar su descontento, acusando a Espinoza de tomar medidas “sin fundamento” y de querer “tener éxito donde fracasaron sus antecesores, Pedro Chávarry y Patricia Benavides”. Según Costa, estos cambios no favorecen la causa de la justicia, sino que “pretenden consagrar la impunidad”.
El excongresista también indicó que, si la fiscal no está dispuesta a dar una explicación al pueblo peruano, tendrá la oportunidad de hacerlo cuando la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) visite el país para evaluar los avances en la lucha contra la corrupción. “Si no quiere darla, en unas semanas podrá hacerlo ante la delegación de la OECD que viene a evaluar la lucha contra la corrupción en el país”, concluyó Costa, sugiriendo que las decisiones de Espinoza podrían generar un retroceso en la lucha contra la corrupción.
El futuro del Ministerio Público
Con la llegada de Delia Espinoza al cargo de Fiscal de la Nación, el Ministerio Público ha iniciado un proceso de reestructuración profunda. La fiscal ha dejado claro que su objetivo es fortalecer las fiscalías especializadas y mejorar la coordinación entre ellas. Sin embargo, las reformas también han despertado dudas y controversias, especialmente en cuanto a la centralización del poder y la eliminación de equipos fiscales clave que han liderado investigaciones emblemáticas.
El tiempo dirá si estas medidas contribuirán a mejorar la eficacia de la justicia en Perú o si, por el contrario, se trata de decisiones que perjudicarán la lucha contra la corrupción y la criminalidad en el país. En cualquier caso, Delia Espinoza se enfrenta a un desafío mayúsculo: lograr que sus reformas sean vistas como un paso hacia la justicia efectiva, sin socavar la autonomía y la independencia de las instituciones encargadas de perseguir los delitos más graves.
