En un reciente y controversial descubrimiento en el Congreso de la República del Perú, el congresista no agrupado Carlos Zeballos, quien también es parte de la Comisión de Fiscalización del Legislativo, hizo públicas serias acusaciones que apuntan a una posible red de prostitución operando dentro de las instalaciones del Parlamento. Según Luis Paucar para Infobae, nos mencona que Carlos Zeballos y su grupo parlamentario ha identificado a cuatro mujeres presuntamente involucradas en actividades ilícitas dentro del Congreso, un escándalo que ha sacudido la política peruana, especialmente tras el asesinato de la abogada Andrea Vidal Gómez, quien trabajaba en la Oficina Legal y Constitucional del Congreso.
Zeballos dejó en claro que “ya tenemos nombres de cuatro de estas señoritas” y que han recibido videos que sugieren actividades de prostitución o la venta de imágenes de contenido explícito, las cuales estarían siendo realizadas desde el mismo Congreso. Estas actividades habrían empañado la imagen de la institución y generado serias dudas sobre el tipo de control y supervisión que existe dentro de ella. En su intervención, el congresista también cuestionó fuertemente la falta de filtros en las contrataciones del Parlamento, una de las principales preocupaciones que salieron a la luz con este caso. “Esas personas que han estado trabajando no le hacían bien al Congreso. ¿Dónde están los filtros?”, se preguntó Zeballos, poniendo de manifiesto la necesidad de una reforma en los procedimientos administrativos internos.
La acusación de obstrucción en la investigación
El escándalo no se limita solo a las mujeres implicadas en esta presunta red de prostitución. Zeballos también hizo acusaciones graves contra Giovanni Forno, el oficial mayor del Congreso, a quien señaló de estar obstruyendo el avance de las investigaciones. Según el congresista, Forno no ha cooperado adecuadamente en la investigación que involucra a Jorge Torres Saravia, exjefe de la Oficina Legal del Congreso y principal implicado en este escándalo. Zeballos relató que Forno, en declaraciones recientes, “no se acordaba de quién le entregó el CV del señor Jorge Torres Saravia”, lo que fue calificado por el congresista como “inaudito”. La falta de colaboración de Forno en este caso ha levantado serias sospechas sobre su vinculación con los hechos que se investigan.
Por lo tanto, Zeballos, junto con otros 14 colegas parlamentarios, presentó una solicitud formal para la separación de Forno de su cargo, al considerar que estaba dificultando las investigaciones. Afirmó que Forno tiene control sobre gran parte de la parte administrativa del Congreso, incluyendo los contratos y el copamiento de personal por parte de ciertos partidos políticos, lo cual, según Zeballos, está generando serias irregularidades dentro de la institución. “Él maneja toda la parte administrativa, desde los contratos, y también todo el copamiento que existe por parte de APP (Alianza Para el Progreso) y otros partidos dentro del Congreso”, señaló el congresista, subrayando las conexiones políticas que podrían estar influenciando el curso de la investigación.
El caso de Andrea Vidal Gómez y las fiestas clandestinas
El asesinato de Andrea Vidal Gómez, ocurrido hace poco más de una semana en el distrito de La Victoria, ha sido un detonante de la investigación. Vidal trabajaba en la Oficina Legal y Constitucional del Congreso y, según algunas fuentes, pudo haber estado involucrada en la red de prostitución que, aparentemente, operaba desde las mismas oficinas del Parlamento. La joven abogada de 28 años fue asesinada mientras viajaba en un taxi, un hecho que ha conmocionado a la sociedad peruana y que, de acuerdo con varios reportes, podría estar vinculado a sus actividades dentro del Congreso.
Una investigación del programa Beto a saber apuntó que Jorge Torres Saravia, el exfuncionario mencionado por Zeballos, habría contratado a mujeres sin experiencia ni los requisitos necesarios para desempeñarse como asesoras o secretarias en el Congreso. Sin embargo, estas mujeres trabajaban en actividades relacionadas con la prostitución dentro de las mismas instalaciones. Este hecho ha generado un escándalo de proporciones inéditas, especialmente por la implicación de altos funcionarios en el mismo.
Según un reportaje de Hildebrandt en sus trece, Torres Saravia organizaba fiestas en las que invitaba a altos funcionarios del Congreso y, durante las mismas, grababa y fotografiaba a los asistentes. Isabel Cajo Salvador, una mujer que participó en estas fiestas, luego pasó a formar parte del Congreso, a pesar de no tener la formación académica ni profesional que su puesto requería. Además, el perfil de Cajo Salvador en LinkedIn fue eliminado, y no se halló evidencia de su bachillerato en la Universidad Garcilaso, según el portal de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Cajo Salvador también ha sido vinculada a la venta de contenido en plataformas como OnlyFans, lo que aumenta la gravedad de las acusaciones.
La crisis institucional y la indignación popular
El escándalo ha generado una profunda crisis dentro del Congreso y ha intensificado el descontento popular hacia la clase política del país. “Ver estas imágenes es inadmisible, no se puede concebir. Esto desprestigia más a la institución, más aún de lo que está. La población está indignada por lo que ocurre en la clase política del país”, expresó Zeballos, quien ha mostrado su indignación por la falta de transparencia y los procedimientos corruptos dentro de la institución. La imagen del Congreso ha quedado gravemente afectada, y los recientes allanamientos en las oficinas del Palacio Legislativo solo han incrementado la desconfianza pública. Estos eventos han provocado una ola de indignación, no solo entre los ciudadanos, sino también entre diversos sectores políticos que exigen una mayor responsabilidad y control sobre las acciones de los funcionarios públicos.
