En la madrugada del 29 de diciembre de 2024, en el kilómetro 242+500 de la Carretera Federico Basadre Grohmann, se produjo un incidente que puso en evidencia la creciente problemática del robo de infraestructura eléctrica en la región. Dos individuos, identificados como Víctor Marcos Chávez Falcón, de 52 años, e Iden Chuquiyauri Céspedes, de 33, fueron sorprendidos en posesión de un transformador de energía eléctrica monofásico de aceite, valorizado en aproximadamente 7,000 soles.
El transformador había sido sustraído recientemente, afectando el suministro eléctrico de comunidades locales y generando preocupación entre los residentes. Los delincuentes utilizaban un trimóvil de carga para transportar el pesado equipo, lo que facilitaba su movilidad y les permitía acceder a zonas rurales con relativa facilidad.
Este incidente no es aislado. En diversas regiones, se ha reportado un incremento en el robo de transformadores y cables eléctricos, actividades que no solo generan pérdidas económicas significativas, sino que también ponen en riesgo la seguridad pública. Los delincuentes suelen desmantelar los transformadores para extraer metales valiosos, como el cobre, que luego venden en el mercado negro. Esta práctica ha sido documentada en otros países, donde bandas organizadas se hacen pasar por operarios de empresas eléctricas para sustraer equipos de manera impune .
La sustracción de estos equipos críticos interrumpe el suministro de energía, afectando a hogares, hospitales y empresas. Además, la manipulación indebida de instalaciones eléctricas representa un peligro latente, tanto para los delincuentes como para la comunidad en general. En el norte del Perú, por ejemplo, se ha alertado sobre bandas que desmantelan líneas de transmisión de alta tensión, poniendo en riesgo la vida de los pobladores y generando pérdidas millonarias .
La creciente demanda de metales en el mercado negro ha incentivado estas actividades delictivas. Los transformadores robados, una vez desmantelados, proporcionan cobre y otros materiales que son vendidos a chatarrerías sin escrúpulos. Este comercio ilegal no solo fomenta más robos, sino que también dificulta la trazabilidad de los materiales sustraídos.
La comunidad de Pumahuasi ha expresado su preocupación por la recurrencia de estos delitos y la afectación directa a su calidad de vida. La interrupción del servicio eléctrico impacta en actividades cotidianas y en la seguridad de la zona. Es fundamental que las autoridades locales y nacionales implementen medidas preventivas y sancionatorias más efectivas para combatir este flagelo.
