La Corte Superior de Justicia de Huánuco resolvió de manera definitiva la controversia entre el Gobierno Regional de Huánuco, representado por el Procurador Público Juan Carlos Nolorve Rojas, y el Consorcio Pachitea, liderado por Luis Alberto Caldas Alvarado. En una sentencia que sienta un importante precedente, la Sala Civil declaró infundado el recurso de anulación del laudo arbitral solicitado por el gobierno regional.
El conflicto se originó a raíz de la Resolución Ejecutiva Regional N° 433-2022-GRH/SG, que resolvió unilateralmente el contrato N° 020-2020-GRH/GGR entre ambas partes. Tras esta decisión, el Consorcio Pachitea acudió inicialmente al Centro de Arbitraje Latinoamericano y posteriormente al Centro de Arbitraje MOFIMA para resolver la controversia. La disputa se centró en los plazos y procedimientos aplicados, los cuales el gobierno regional consideró caducados e improcedentes.
La decisión arbitral y el recurso de anulación
El tribunal arbitral, conformado por los abogados Cristián J. Llanto Cuenca, José Carlos Minaya León y Victoria A. Mallqui Chambi, falló a favor del consorcio, señalando que este tenía derecho a presentar el arbitraje dentro de los términos legales. Sin embargo, el Gobierno Regional interpuso un recurso de anulación bajo el argumento de que el proceso arbitral estaba viciado, citando presuntas fallas de notificación y caducidad de los plazos.El recurso fue admitido para evaluación, pero el tribunal superior concluyó que las razones invocadas no eran suficientes para invalidar el laudo arbitral, pues este cumplió con los requisitos legales y se fundamentó en normas aplicables al caso.
