El tiempo, aunque parezca lento, siempre alcanza a la verdad y la justicia. Este principio, tan arraigado en nuestro idioma, cobra un nuevo significado tras los recientes acontecimientos que revelan los oscuros acuerdos entre los fiscales Rafael Vela, José Domingo Pérez, y la controvertida empresa Odebrecht. Durante años, la presión mediática y ciudadana ha señalado irregularidades en estos pactos que, lejos de beneficiar al Perú, resultaron en el robo de millones de soles al erario público.
Uno de los casos más emblemáticos es el de la venta de la central hidroeléctrica de Chaglla, donde se presume una colusión para extender los procesos judiciales hasta su prescripción. Acompañados por la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, los mencionados fiscales habrían facilitado que Odebrecht evitara pagar lo que realmente debía al Perú. A cambio, disfrutaron de viajes en primera clase, hoteles de lujo y viáticos excesivos en Brasil bajo el pretexto de “negociaciones”. Estas denuncias, más que rumores, son un grito de indignación que exige justicia.
El pueblo peruano, necesitado de escuelas, hospitales y carreteras, ha sido testigo de cómo estos recursos fueron desviados, afectando directamente a las comunidades más vulnerables. ¿Cuánto dinero habría recibido este grupo de fiscales para cerrar los ojos ante los delitos de Odebrecht? Esa es la pregunta que probablemente nunca tenga una respuesta clara, pero lo evidente es que el país sigue pagando las consecuencias de su actuar.
Además, los mismos fiscales continúan dilatando procesos judiciales emblemáticos contra figuras como Keiko Fujimori, Susana Villarán, Martín Vizcarra, y otros políticos de alto perfil. Estas maniobras no solo afectan la credibilidad de las instituciones, sino que también perpetúan la impunidad, desmoralizando a una nación que clama por transparencia y castigo ejemplar.
Es imperativo que las autoridades correspondientes investiguen y sancionen con firmeza estos actos. El Perú merece saber la verdad y ver cómo los responsables, incluidos estos fiscales, son llevados ante la justicia. Solo así se podrá restaurar la fe en un sistema que parece haber sido capturado por intereses oscuros. Este caso debe servir de advertencia a todos aquellos que ostentan cargos públicos y, lamentablemente, olvidan que su deber es con la población y no con su beneficio personal.
