La Comisión Permanente del Congreso ha agendado para mañana, viernes 27 de diciembre, el debate sobre el dictamen de una nueva ley agraria conocida como la ‘Ley Chlimper 2.0’. Esta medida busca reducir impuestos a grandes empresas agroexportadoras y, a la vez, recortar derechos laborales a los trabajadores del sector agrario. Según un informe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), esta iniciativa es calificada como “antitécnica, regresiva y perjudicial”, alertando sobre sus posibles impactos negativos en la recaudación fiscal y el aumento de desigualdades en el país, tal como reportó María Alejandra Gonzales para Infobae.
Un gasto tributario multimillonario
De aprobarse la propuesta, el gasto tributario para el sector agrario alcanzaría cifras exorbitantes. Según el MEF, “se estima que en el 2025 los gastos tributarios del sector, incluyendo los beneficios del presente dictamen, superen los S/7,260 millones”. Entre las principales empresas beneficiadas se encuentran Camposol S.A., Complejo Agroindustrial Beta S.A., Danper Trujillo S.A.C., y Agrícola Cerro Prieto S.A.C., entre otras grandes agroexportadoras que concentran el 92% de los ingresos vinculados al sector agrario.
El MEF señala que estas compañías, que representan solo el 0,02% de los contribuyentes, percibirían la mayor parte de los beneficios fiscales, lo que evidencia un sesgo hacia los grandes actores del sector. “Esta propuesta no resuelve los problemas estructurales de los pequeños productores, quienes enfrentan dificultades de acceso a financiamiento, tecnología y mercados”, destaca el informe.
Reducción de impuestos y regresividad tributaria
Una de las medidas más criticadas es la reducción del Impuesto a la Renta (IR) al 15% para todas las empresas agrarias hasta 2035, sin criterios de focalización. Según el MEF, “esta medida es regresiva y beneficia principalmente a actores con mayores ingresos y capacidad de inversión, mientras los pequeños y medianos productores apenas se verán favorecidos”.
Además, se propone otorgar un crédito tributario del 20% por reinversiones, medida que podría superponerse con otras normativas existentes, generando “un doble beneficio para las grandes empresas” y complicando la administración tributaria. Esto, según el MEF, podría facilitar prácticas de evasión y elusión fiscal, erosionando aún más la base fiscal del país.
Derechos laborales en retroceso
El dictamen también incluye recortes en los derechos laborales de los trabajadores agrarios, medida que ha generado rechazo en sectores sociales y laborales. En 2024, el aporte de las agroexportadoras a EsSalud se reduciría del 8% al 6%, debilitando aún más la protección social de los empleados.
El MEF subraya que estas medidas no atacan los problemas fundamentales del sector agrario, como la alta informalidad que afecta al 86% de las unidades productivas agrícolas. “Los históricos beneficios tributarios en el sector no han logrado mejorar las condiciones de la mayoría de los productores agrícolas”, sostiene el informe.
Sectores ya consolidados recibirían más incentivos
El dictamen también ha sido cuestionado por incluir actividades que ya están consolidadas en el mercado, como la agroindustria de palma aceitera, el sector vitivinícola y la producción de pisco. Según el MEF, estas industrias han mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años y no necesitan incentivos adicionales.
“Algunas actividades, como el sector vitivinícola, han registrado tasas de crecimiento anual del 6% entre 2019 y 2023, mientras que el pisco ha mantenido un crecimiento del 3% anual en el mismo periodo”, recalca el informe.
Críticas a los excesos
El sector agrario ya cuenta con diversos beneficios bajo la Ley N.º 31110, como tasas diferenciadas de IR, recuperación anticipada del IGV y esquemas de depreciación acelerada. Ampliar estos beneficios es considerado innecesario por el MEF, que enfatiza la importancia de focalizar los recursos hacia pequeños productores y proyectos de infraestructura rural.
Controversias políticas y éticas
La propuesta también se encuentra rodeada de cuestionamientos éticos, especialmente por los posibles conflictos de interés. Se ha señalado que la esposa del ministro Ángel Manero, titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), ocupa un cargo directivo en Sunshine Export, una empresa agroexportadora de mangos que podría verse beneficiada por la nueva ley.
Impacto en la recaudación y la desigualdad
El MEF advierte que el dictamen generaría un impacto negativo en la recaudación fiscal, limitando los recursos disponibles para financiar servicios públicos esenciales. Además, señala que las medidas propuestas aumentarían las desigualdades económicas al priorizar a grandes empresas sobre pequeños productores familiares.
Recomendaciones del MEF
El informe del MEF propone alternativas a las medidas planteadas en el dictamen, incluyendo:
- Focalización de beneficios hacia pequeñas unidades productivas.
- Promoción de proyectos de infraestructura rural.
- Optimización de recursos sectoriales para garantizar un impacto positivo en toda la cadena productiva.
El MEF insiste en que “la estrategia debería enfocarse en resolver los problemas estructurales del sector agrario y no en incrementar beneficios tributarios de manera indiscriminada”.
Reflexión final
La ‘Ley Chlimper 2.0’ ha encendido las alarmas por los profundos impactos que podría tener en la equidad fiscal y la economía nacional. Mientras las grandes agroexportadoras se perfilan como las principales beneficiarias, los pequeños productores y los trabajadores agrarios continúan enfrentando barreras estructurales que esta legislación parece ignorar.
