El retraso del Gobierno de Dina Boluarte en promulgar la ley que restituye la detención preliminar en casos de no flagrancia. Pese a las crecientes críticas y los impactos negativos en la lucha contra la criminalidad, la norma enviada por el Congreso el 14 de diciembre sigue sin ser abordada en el Consejo de Ministros.
El Contexto de la Ley de Detención Preliminar
El 14 de diciembre, el Congreso aprobó con 79 votos a favor, 8 en contra y ninguna abstención la norma que busca restituir la detención preliminar judicial en casos de no flagrancia. Este mecanismo, vital para combatir delitos complejos como corrupción y crimen organizado, había sido eliminado mediante la Ley 32181, lo que provocó la liberación de procesados vinculados a organizaciones criminales y delitos graves.
La autógrafa de ley, enviada al despacho presidencial con las firmas de Eduardo Salhuana y Patricia Juárez, plantea una reforma al Código Procesal Penal (Decreto Legislativo 957). Sin embargo, han pasado días sin que el Ejecutivo tome acción.
“El Congreso de la República ha dado la ley siguiente: Ley que restituye y modifica el literal a) del numeral 1 del artículo 261 del Nuevo Código Procesal Penal, decreto legislativo 957, referido a la detención preliminar judicial en casos de no flagrancia”, se lee en el documento.
Impacto del Retraso en la Lucha Contra el Crimen
La demora en la promulgación ha generado repercusiones inmediatas. Desde que la figura de la detención preliminar fue eliminada, varios procesados han quedado en libertad, debilitando los esfuerzos del sistema judicial para enfrentar delitos graves:
- En Huaral, 10 presuntos integrantes de la organización criminal “Las Hienas Verdes” fueron liberados.
- En Lima, 11 implicados en fraudes relacionados con la cooperativa AELU quedaron libres para enfrentar sus procesos sin detención preventiva.
Además, el martes 17 de diciembre, la Fiscalía solicitó la detención preliminar del vocero presidencial Fredy Hinojosa por el caso Qali Warma, que investiga la intoxicación de estudiantes y presuntos delitos como colusión agravada y organización criminal. Sin embargo, la solicitud fue rechazada debido a las limitaciones impuestas por la vigente Ley 32181.
La Nueva Ley: Avances y Limitaciones
Si bien la norma busca corregir el error del Congreso al eliminar la detención preliminar, su versión actual introduce cambios que complican su aplicación. Según el periodista César Romero, los fiscales enfrentan ahora mayores obstáculos para justificar una detención preliminar, mientras que los investigados tendrán más facilidades para impugnar las decisiones.
Antes de la modificación, bastaba con que el fiscal demostrara indicios razonables sobre la existencia de una organización criminal y el riesgo de fuga o de obstrucción. Ahora, deberán presentarse evidencias más concretas que incluyan:
- Pruebas razonables de participación en delitos graves.
- Penas mayores a cuatro años.
- Indicios claros que justifiquen la medida en ausencia de flagrancia.
Estos nuevos requisitos han generado cuestionamientos entre fiscales y especialistas, quienes señalan que la norma pierde eficacia al elevar el estándar probatorio necesario para aplicar detenciones preliminares.
La Inacción del Ejecutivo
Pese a las críticas y las urgencias evidentes, la agenda oficial del Consejo de Ministros del 18 de diciembre no incluye la revisión ni la promulgación de la norma. Este retraso ha despertado preocupaciones sobre el compromiso del Gobierno en la lucha contra la criminalidad.
La inacción del Ejecutivo también ha sido interpretada como una señal de desorganización o desinterés frente a temas cruciales para la seguridad ciudadana y la gobernabilidad.
Una Lucha Truncada Contra la Criminalidad
El vacío dejado por la eliminación de la detención preliminar ha debilitado la capacidad del sistema judicial para enfrentar delitos complejos. Casos recientes, como el del vocero presidencial Fredy Hinojosa, evidencian cómo las limitaciones legales actuales dificultan la actuación oportuna de la Fiscalía.
Por otro lado, la falta de acción del Ejecutivo afecta la percepción pública sobre la capacidad del Gobierno para liderar iniciativas concretas en materia de seguridad y justicia.
Un Futuro Incierto
La restitución de la detención preliminar es un paso necesario, pero la versión actual de la norma presenta desafíos que pueden limitar su efectividad. Mientras tanto, la demora en su promulgación deja al sistema judicial en una situación de vulnerabilidad frente a la criminalidad organizada.
Si el Ejecutivo continúa postergando su decisión, las consecuencias seguirán acumulándose, con más casos de delincuentes liberados y una creciente percepción de impunidad.
Conclusión: Una Decisión Pendiente
El caso de la ley que restituye la detención preliminar refleja las tensiones entre el Congreso y el Ejecutivo, así como las dificultades de este último para priorizar temas críticos. La ciudadanía y los operadores de justicia esperan que el Gobierno actúe con celeridad para corregir un vacío legal que, de no abordarse a tiempo, continuará favoreciendo a quienes buscan eludir la acción de la justicia.
Basado en el análisis de Alejandra López para La República.
